Represión nicaragüense: Ortega encarcela bajo condiciones inhumanas a opositores de la tercera edad

16 adultos mayores se mantienen detenidos por el régimen
El régimen sandinista de Daniel Ortega ha impuesto el terror en Nicaragua, encarcelando incluso a personas de la tercera edad. 19 Digital

La opositora Nidia Barbosa Castillo, se encuentra hospitalizada desde el pasado 23 de noviembre en Nicaragua. Fue trasladada de la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía en Managua a un hospital, tras presentar problemas cardíacos. Ella es dirigente de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) en la localidad de Nindirí.

Barbosa con 66 años de edad, es una de las 16 personas de la tercera edad a quienes el régimen de Daniel Ortega mantiene encarcelados por oponerse a su régimen y cuya salud es crítica. Hasta el viernes Barbosa todavía permanecía hospitalizada debido a que los médicos no han logrado estabilizarla, dijo una fuente de la ACJD.

Los 16 presos políticos adultos mayores, tienen edades que oscilan entre los 66 a 79 años, a quienes Ortega sin ninguna piedad mantiene tras barrotes por oponerse a su régimen. Algunos padecen problemas crónicos de salud y requieren de una atención especializada, que no reciben en la cárcel.

Barbosa fue detenida el 6 de noviembre, horas antes de las elecciones presidenciales en las que Ortega se adjudicó el triunfo y cuyos resultados no son reconocidos por la comunidad internacional. La residencia de Barbosa fue allanada por la Policía sin una orden judicial, posteriormente fue secuestrada y llevada a las celdas de la policía donde ha sido sometida a extenuantes interrogatorios.

La ACJD informó que Barbosa sufre de hipertensión y cardiopatía. El 20 de noviembre, durante una audiencia judicial, fue acusada bajo la llamada “ley de ciberdelitos”, con la presencia de testigos falsos y sin derecho a un abogado defensor, denunció la ACJD. Tres días más tarde fue hospitalizada tras ser sometida a constantes interrogatorios.

Edgard Parrales, analista político y exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), durante el primer régimen sandinista en la década de los 80, fue secuestrado en la puerta de su residencia por un grupo de paramilitares el 22 de noviembre.

Parrales, de 79 años, es el preso político de mayor edad arrestado durante la segunda ola de detenciones del régimen, con lo que ya  suman 42 los presos políticos desde finales de mayo. El exdiplomático es hoy un crítico de Daniel Ortega y una de las personas que opinaba abiertamente en los medios de comunicación hasta el día de su secuestro.

La Fiscalía lo acusa de “incitación a la violencia” por ofrecer declaraciones sobre la agudización de la crisis sociopolítica que afecta a Nicaragua tras el estallido social en abril del 2018, protestas que el régimen logró desmantelar a través de la llamada “operación limpieza” ejecutada por la policía, grupos paramilitares y el Ejército, dejando un saldo de 355 muertos y más de 100 mil exiliados.

La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), dijo que Parrales es un adulto mayor con “estado de salud delicado debido a un cáncer que lo llevó a una intervención quirúrgica”. Su familia dijo a medios de comunicación que al momento de su secuestro, el exembajador en la OEA, estaba en el proceso de realización de nuevos estudios médicos debido a otra dolencia física que recién le fue detectada.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) “constató que Parrales se encuentra aún en el Chipote. Su familia expresó que los policías solo le recibieron agua y suplemento alimenticio (leche), pero no permitieron pasar una sábana, necesaria para soportar el frío”, dijo el organismo.

Otro de los casos críticos es el del abogado y exvicecanciller José Pallais, de 68 años, está encarcelado desde hace más de cuatro meses. Presenta llagas en su espalda por dormir en una silla, dijo su esposa Gilda Herdocia a los medios de comunicación. Pallais padece enfermedades crónicas como diabetes, problemas cardiacos, obesidad, hipertensión, apnea del sueño, glaucoma y problemas en su columna vertebral.

Pallais necesita de una cama y una silla para alternar debido a sus problemas con el sueño, pero el régimen le retiró la cama tras permitir el ingreso de la silla a la celda que comparte con otros dos presos políticos.

Otros de los adultos mayores rehenes de Ortega en Nicaragua son: Pedro Joaquín Chamorro (70 años de edad); Mauricio Diaz (70 años); Arturo Cruz, (68 años); Francisco Aguirre Sacasa (76 años); Violeta Granera Padilla (68 años); Hugo Torres Jiménez (73 años); Víctor Hugo Tinoco Fonseca (69); y Dora María Téllez Argüello (66 años). Los tres últimos gobernaron junto a Ortega durante el primer régimen sandinista con altos cargos.

El abogado Noel Vidaurre, 66 años y la periodista Cristiana Chamorro de 67, están detenidos bajo el régimen de arresto domiciliar.

El Código Procesal Penal de Nicaragua, en su artículo 166, establece que el juez puede sustituir la prisión preventiva por prisión domiciliaria, entre otros casos, cuando se trate: Uno, de mujeres en los 3 últimos meses de embarazo; dos, a madres durante la lactancia de sus hijos hasta los seis meses de edad; tres, personas valetudinarias o afectadas por una enfermedad en fase terminal debidamente comprobada”.

Pero hacer cambio de régimen carcelario depende de la “voluntad” del juez que lleva la causa, dijo una experta que pidió no ser citada para evitar represalias. Esto, pese a que existe una Ley que contempla el cambio de régimen carcelario para las personas de avanzada edad y con dolencias de salud.

El organismo “Mecanismo para el Reconocimiento de personas presas políticas”, que monitorea la situación de los privados de libertad por razones políticas, dijo que, hasta el 29 de octubre, se registraban un total de 159 presos políticos, 14 de ellos adultos mayores. Pero la cifra ha aumentado en noviembre, una decena de opositores fueron encarcelados horas antes de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre. Dos de esos detenidos son Barbosa y Parrales.

“La edad es uno de los principales factores asociados a ciertas enfermedades y padecimientos, los que a su vez pueden ser agravados por las severas condiciones carcelarias en las que se encuentran los presos y presas políticas. La mayoría de las personas mayores de 50 años requieren de asistencia médica especializada, tener a disposición un baño apropiado, alimentación de acuerdo a sus necesidades calóricas y dietas especiales, acceso a patio sol y espacios donde puedan ejercitarse”, señala el informe del organismo de monitoreo.

Esas condiciones, sostiene la organización, no están dadas en los penales. Añade que otro de los factores que contribuye al deterioro de la salud de los adultos mayores encarcelados, es el sometimiento a interrogatorios constantes, amenazas, aislamiento, malos tratos y torturas que “infringen estrés, ansiedad, insomnio y otros factores que ponen en grave riesgo la salud e integridad física de las personas”.

“Cabe señalar que dos presos políticos mayores de 55 años (en dos ocasiones distintas) sufrieron accidentes cerebrovasculares mientras estaban detenidos en el sistema penitenciario”, revela el informe sin precisar la identidad de los presos políticos.

El régimen sandinista impide que los familiares le llevan alimentos a los presos políticos, pese a la mala ingesta que les proporciona, que contribuye al deterioro de su salud.

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