«Ser es defenderse», RAMIRO DE MAEZTU
PROPUESTAS PARA ALCANZAR LA SOBERANÍA ENERGÉTICA DE ESPAÑA

Soberanía energética (y IV): un cambio de rumbo

Si una conclusión puede extraerse de cuanto he expuesto es que la acción del Gobierno -con la complicidad de la oposición- no busca proteger los intereses nacionales, sino imponer su fanatismo climático y aumentar la recaudación fiscal.

Es deber y responsabilidad de cualquier gobierno garantizar la soberanía energética con un sistema seguro, diversificado y que responda a los intereses nacionales. Soberanía energética es poner al servicio de la Nación todas las capacidades y no renunciar a ninguna fuente de energía, ni hidráulica, ni térmica, eólica, solar, nuclear. No renunciar ni al gas ni al petróleo. No renunciar a nada porque ningún gobierno está autorizado a renunciar, vender o hipotecar el presente y el futuro de la nación. No lo estaba el de Rajoy cuando se adhirió en septiembre de 2015 a la Agenda 2030 ni lo está Sánchez.

Podemos ir alcanzando conclusiones:

Primera, una gran vulnerabilidad para España es la falta de un sistema energético diversificado. Contamos con energías renovables desarrolladas, pero carecemos de otras fuentes de energía que aseguren el autoabastecimiento cuando las renovables no están activas.

La renuncia de los sucesivos gobiernos nacionales a defender los intereses estratégicos de España y su sumisión a la agenda globalista ha llevado a la descapitalización, a la brusca extensión de las renovables sin una energía complementaria y a la desindustrialización para seguir los mandatos del alarmismo climático; como queda probado con la aprobación de la Ley de Cambio Climático el año pasado.

La errática política energética de los gobiernos nacionales nos lleva a la dependencia de nuestra economía a las políticas de potencias y conglomerados de inversión extranjeros. Basta recordar que los españoles están pendientes y alarmados sobre las consecuencias que las decisiones unilaterales adoptadas en relación con Marruecos pueden tener respecto del suministro de gas de Argelia; sin que el gobierno haya dado ninguna explicación.

Segunda, España ha perdido en los últimos 30 años gran parte de su presencia, privada o pública, en el capital que controla la energía que consumimos. Esta es otra vulnerabilidad, ya que la presencia de propietarios españoles siempre es mayor garantía de que el desarrollo y estrategia están y estarán relacionados con los intereses de España.

De las cuatro grandes generadoras y comercializadoras de energía, sólo Naturgy tenía como inversores de referencia a capital español. Endesa, antigua empresa pública nacional, pertenece al estado italiano; Iberdrola ha pasado en 15 años de manos españolas a fondos extranjeros de Catar y EEUU; EDP pertenece a la eléctrica portuguesa, controlada por una empresa china.

Solo VOX se opuso a la OPA lanzada sobre Naturgy por parte del fondo australiano IFM, que al final se hizo con el 10,8%. Naturgy tiene una posición estratégica en nuestro sistema energético pues se trata de la tercera eléctrica de España y la única gran energética con capital mayoritario español. Además, Naturgy aporta la mitad del gas español (uno de los principales soportes alternativos a las renovables) y posee la mitad del gaseoducto con Argelia y parte del marroquí.

Actualmente, como denunciamos en su momento, Naturgy está controlada por tres fondos extranjeros. La estrategia de negocio de estos fondos es, por definición, cortoplacista y sin ninguna visión industrial. De nuevo, esa pinza entre los megamillonarios y los ecofanáticos nos ha enajenado a una visión estratégica para entregarnos, una vez más, a la economía global y financiarizada, a la que poco le importa malherir la industria y el empleo en España si con ello saca rédito económico.

Es por ello que la solución a la crisis de precios de la energía se ha hecho cada día más difícil pero es posible una alternativa.

Debemos exigir en Bruselas no sólo el desacoplamiento del gas de la factura sino la suspensión sine die automática del régimen de comercio de derechos de emisión, o en su caso, la fijación de un precio único en toda la UE, que no podrá ser superior al precio de salida en 2008, más IPC. Es inadmisible que las empresas y los fondos comercien con estos derechos encareciendo los costes.

Exigimos igualmente al Gobierno que exija en Bruselas la suspensión inmediata de toda la Agenda climática: Pacto Verde, Estrategia Europea del Clima, Estrategia de la Granja a la Mesa y otros documentos, reorientando inmediatamente el destino de los Fondos europeos de reconstrucción a reforzar la soberanía energética y alimentaria de las naciones europeas.

Exigimos que el Gobierno rectifique inmediatamente y derogue la normativa que cercena la investigación, exploración y obtención de hidrocarburos en España, tirando a la basura de la historia la Ley de Cambio Climático; y permitiendo la explotación, con plena protección del medio natural.

La situación es crítica y debemos exigir al Gobierno de España y a la Comisión Europea que utilicen todos los mecanismos legales a su alcance para, haciendo uso de la facultad concedida para intervenir los precios regulados para los consumidores y las microempresas de conformidad con el art. 5.6 de la Directiva 2019/944, establecer, medidas de protección a todos los consumidores.

¿Por qué hemos de aceptar un precio €/KWh superior al resultante de aplicar el IPC al precio medio horario vigente en 21 de mayo de 2021; esto es, 79,19€/MWh?

Y ello sin olvidar, claro está, que VOX lleva años exigiendo la rebaja de todos los impuestos y de los costes regulados que se incorporan al recibo de la luz, en concreto los Impuestos Especiales, el IVA, los costes de las redes, incentivos a determinados sectores o el famoso déficit de tarifa:

Eliminación completa y no solo temporal del Impuesto sobre el valor de la producción de electricidad.

La reducción al 4% del IVA, para todos los consumidores, pues ya todos los españoles, incluidas las empresas, son vulnerables.

Exigimos acabar con las innumerables tasas que recaen sobre el sector, que al final acaba pagando el español de a pie.

Supresión de los tributos adicionales impuestos por las CCAA que rompen la igualdad de los españoles e incrementan los costes que sí se repercuten a todos los españoles, en una deficiente aplicación del principio de solidaridad.

Supresión total de los recargos autonómicos en los casos en que las CCAA hayan hecho uso de esta facultad, sobre los impuestos estatales que recaen sobre la electricidad.

Y por último, claro está, la elaboración urgente de un Plan Nacional de Energía Nuclear que pase por la ampliación de la vida útil de las existentes y la creación de plantas de producción de energía nuclear en cantidad suficiente para alcanzar esa soberanía energética, a costa de los fondos europeos de reconstrucción.

ESPAÑA

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