La Suprema Corte de México declaró el miércoles procedente una controversia constitucional en contra de la política socialista del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el sector eléctrico, un revés para la intención del mandatario de cortar el paso a empresas privadas en el sector energético.
La controversia fue enviada por la Cofece, la autoridad de competencia económica, a mediados del 2020 poco después de que la Secretaría de Energía (Sener) emitiera la nueva norma, en la que da al Estado más poder sobre el sector eléctrico y más presencia a la compañía estatal de electricidad, la CFE.
La Corte invalidó el requisito de que empresas generadoras privadas debían de tener un «dictamen de viabilidad» -en la práctica un aval- del regulador del mercado eléctrico, el Cenace, para subir su energía a la red a fin de mantener la estabilidad y confiabilidad del sistema.
El máximo tribunal también rechazó la disposición de que el regulador del sector energético, la CRE, debería de tomar en cuenta el aval del Cenace, así como programas sectoriales de planeación del sector eléctrico para otorgar permisos de generación.
Además, fue en contra de que el criterio de seguridad del despacho eléctrico -el orden en el que se sube la electricidad a la red- tiene preferencia sobre el económico, algo que había afectado a las empresas de energía renovable.
Con esta decisión, la Corte revierte los puntos nodales de la política con la que dijo buscaba garantizar la confiabilidad y continuidad del sistema eléctrico pero que generó una enorme inconformidad y una lluvia de impugnaciones en tribunales por parte de empresas afectadas, así como roces del Gobierno con países aliados.
El fallo de la Corte podría influir en el debate de una iniciativa preferente que envió al Congreso el lunes López Obrador, conocido como AMLO, en la que plantea reformar la ley de la industria eléctrica para favorecer el despacho de electricidad de la CFE.
Las políticas energéticas del gobierno de AMLO se han centrado en revertir los efectos de un profunda reforma energética realizada en el gobierno anterior, que alega ha favorecido el capital privado y afectado profundamente a la CFE y a la petrolera estatal Pemex.
