El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha cruzado una línea roja. Este lunes informó que echará mano de la “Ley de Emergencias” para enfrentar las protestas pacíficas de los camioneros que desde hace tres semanas encabezan el “Convoy de la Libertad”, y que principalmente se han concentrado en Ottawa.
La ley está concebida como un instrumento legal a emplear como último recurso cuando se produce una situación que «pone en grave peligro la vida, la salud o la seguridad de los canadienses”. Así, la administración de Trudeu estaría asumiendo como vándalos y terroristas a un grupo de manifestantes que durante todo este tiempo no ha hecho más que expresar sin ningún tipo de violencia su descontento con las restrictivas políticas sanitarias que ha implementado su Gobierno.
La activación de dicho mecanismo jurídico faculta a Trudeu para gobernar con amplios poderes durante al menos 30 días, en los que incluso podría autorizar el uso de fuerzas militares en las calles para intentar ponerle fin a la protesta. Sin embargo, el primer mandatario canadiense ha expresado que en principio no tiene pensado en hacer uso de ese recurso.
«No estamos usando la ley de emergencias para llamar a los militares. No estamos suspendiendo los derechos fundamentales ni anulando la carta de derechos y libertades. No estamos limitando la libertad de expresión de las personas. No estamos limitando la libertad de reunión pacífica”, señaló el jefe del Gobierno canadiense.
Sin embargo, es un hecho que el Gobierno de Trudeau empleará la mencionada ley para restringir las cuentas bancarias de los manifestantes, con miras a aislarles económicamente. La ministra de Finanzas de Canadá, Chrystia Freeland, justificó las restricciones dejando entrever que las instituciones bancarias están en el deber de cooperar con el Gobierno y pueden bloquear cuentas que han están siendo utilizadas para promover “bloqueos y ocupaciones ilegales”.
Esto se produce en un contexto en el que las protestas contra las medidas de Trudeu se han costeado en buena medida a través de cuentas de financiación colectiva, a través de las cuales cualquier ciudadano puede aportar dinero si está a favor de los manifestantes. Freeland ha informado que con la puesta en marcha de la “Ley de Emergencias” dichas cuentas serían objeto de las reglas de Canadá “contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo«.
Por su parte, Trudeau ha enfatizado este mismo punto, arguyendo que dentro de las previsiones del instrumento del que ahora pretende echar mano está “incluida la regulación y prohibición del uso de la propiedad para financiar o apoyar bloqueos ilegales».
Semanas atrás el cuestionado jefe de Gobierno canadiense incluso se escondió en una «localización secreta”, en medio del crecimiento súbito que experimentaron las protestas de los camioneros en las calles; manifestaciones que se han transformado en verdadero dolor de cabeza para su gestión.
