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LA DICTADURA INTENSIFICA LA REPRESIÓN

El régimen cubano quiere condenar a 12 años de cárcel a un disidente por romper una fotografía de Fidel Castro

Un grupo de manifestantes protesta contra el régimen castrista, en Cuba.

Romper una foto de Fidel Castro puede ser condenado con toda inclemencia por el régimen cubano. De ahí que este martes 28 de septiembre, fecha en que se conmemora la fundación de los fatídicos Comité de Defensa de la Revolución (CDR, uno de los aparatos castristas para controlar, vigilar, delatar e incluso agredir físicamente a los ciudadanos), el Tribunal Municipal de San José de las Lajas, provincia de Mayabeque, enjuiciará a Roberto Pérez Fonseca, uno de los que, durante las masivas manifestaciones del 11 de julio (11-J), despedazó una fotografía del dictador en señal de protesta. 

Fue arrestado el 16 de julio a las 3 de la tarde en un operativo en el que participaron unos 20 agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de la localidad. Según relató su madre a Radio Martí: «Vinieron muchos policías. Dijeron que era para una simple conversación. Le pusieron las esposas en la misma escalera de la casa. Se lo llevaron y allí, supe por muchachos que después salieron, que fue golpeado», denunció Liset Fonseca Rosales

Luego de ser apaleado y procesado en la unidad de la PNR fue trasladaron a la cárcel del municipio Quivicán, a la que llegó infectado de coronavirus y donde desde entonces permanece detenido, en espera de un juicio de carácter político y sin garantías procesales, como todos los juicios que por cuestiones políticas ocurren en la isla y en el que podría resultar condenado a 12 años de prisión, una de las más severas sanciones anunciadas luego de 11-J, el más multitudinario estallido social en contra de la dictadura. 

Pérez Fonseca, padre de un niño de dos años, está siendo inculpado de cometer los supuestos delitos de «atentado» y «desacato» contra agentes castristas, a pesar de que testigos han declarado que se trata de una falsa acusación, así como de «instigación para delinquir» y «desorden público«. Figuras que el régimen suele utilizar para escarmentar acciones de rechazo al sistema comunista por parte de la ciudadanía e intentar paliar los verdaderos motivos políticos de estos procesos penales fraudulentos. 

Acta acusatoria del régimen contra Roberto Pérez.

El acta del Tribunal argumenta que en medio de una «situación de alta complejidad, dado los elevados niveles de contagio y decesos como consecuencias de la Covid-19 aprovechó para formar parte de un numeroso grupo de personas [contradictoriamente el oficialismo sigue pretendiendo minimizar las protestas del 11-J] que se desplazó previamente por calles y avenidas gritando consignas contrarrevolucionarias«, revelando la razón política del juicio. 

Según el relato acusatorio, Pérez Fonseca lideró «un gran número de personas a los que incitaba a lanzar piedras y botellas contra los oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria» y que «armado con una piedra, que no se ocupó durante el proceso investigativo, lanzó la misma a pocos metros contra el oficial de la PNR Jorge Luis García Montero», jefe de sector, «y lo impactó en la muñeca izquierda ocasionándole escoriaciones, sin resultar detenido en ese momento, las que fueron calificadas de no graves, que no requirieron asistencia médica para su curación, razones por las que el agente García Montero no incurrió en gasto alguno», expresa el relato acusatorio.  

Su hermano, Alberto Ortega Fonseca, dijo al portal digital ADN Cuba que «si hubiese sido responsable de lo que dice la Policía, lo habrían detenido el día 11 o el 12, pero a él lo vienen a buscar el 16. Nunca lo hizo. Es la palabra de los policías contra la de los testigos y la de mi hermano. Obviamente la que cuenta es la de ellos porque la orden de juzgarlo viene de arriba. Esto es un escarmiento y ni siquiera hicieron bien los procedimientos judiciales«.  

“Es una injusticia. No solo lo que hacen con él sino con todos los muchachos acusados falsamente como escarmiento por salir a protestar. Mi hermano tiene 38 años. Si lo condenan saldría de la cárcel con 50, por haber caminado y gritado cuatro cosas», expresó. 

Liset Fonseca Rosales contó a Radio Martí que mientras su hijo estuvo detenido en la unidad de la PNR «se presentaron tres testigos que fueron a declarar que él en ningún momento tiró piedras, que es una de las cosas que se le acusa, que lo único que había hecho era marchar. Y ninguno de los tres aparece en el expediente. También uno de los que estaba detenido iba a declarar a su favor y nunca le tomaron declaración. La Defensa solo puede llevar a dos testigos». 

«Un policía lo acusa a él directamente. Dice que él había tirado piedras, que le había dado a un carro, a él. Es mentira. Y hay testigos que afirman que es mentira. Pero todo fue porque ese agente policial estaba maltratando a un joven, metiéndolo dentro de una patrulla y mi hijo lo recriminó por eso«, explicó Fonseca Rosales en entrevista con la periodista Yolanda Huerga. 

El acta del Tribunal no alude a que Roberto Pérez Fonseca fue uno de los que rompió la imagen del fallecido tirano, pero su madre y otros familiares, conscientes de la reprimenda gubernamental ante dicha señal de protesta, recuerdan que “eso está grabado en video y se hizo viral en las redes». Luego de controlar las manifestaciones, la policía política comenzó una cacería de brujas contra centenares de personas en toda la isla. 

El castrismo sólo ha reconocido el asesinato, a manos de las fuerzas represivas, del ciudadano Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años, quien participó en las protestas desatadas el 11-J en el barrio de La Güinera del municipio Arroyo Naranjo, en la capital, quien fuera acusado de «antisocial» y «delincuente» luego de que un policía le disparara por la espalda. 

En un video, que también se hizo viral, se ve a un agente de las tropas especiales entrando a una casa y disparando a un hombre desarmado delante de su esposa y sus pequeños hijos. Hasta el momento, según cifras aportadas por organizaciones no gubernamentales anticastristas, el régimen de La Habana mantiene encarcelados a más de 500 manifestantes pacíficos. 

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