El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta ha ordenado a la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma que retorne a España a varios menas que fueron repatriados a Marruecos en el mes de agosto después de que accedieran al país ilegalmente en las invasiones que se produjeron en la ciudad autónoma en el mes de mayo.
En concreto, el Juzgado ha dictado dos sentencias en las que se ordena a la Delegación del Gobierno que cese en el operativo de expulsión de estos menores porque existe «un riesgo relevante» de que caigan «en situación de abandono».
Así, la Justicia da la razón a la Fundación Raíces y a la Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes que interpusieron recursos en nombre de 20 menas contra el proceso de expulsión que culminó con 55 expulsados. Todos ellos habían cruzando ilegalmente la frontera del Tarajal durante las avalanchas de los días 17 y 18 de mayo.
El magistrado critica con dureza la decisión de la Delegación del Gobierno de Ceuta y asegura que se han omitido «todos los trámites del procedimiento».
A ojos del juez, «partiendo de que la repatriación no puede constituir un fin en sí misma, sino que debe de ser adecuada al fin que persigue, que no es otro que el interés superior del menor, el riesgo relevante que existe en el presente supuesto de que los menores puedan quedar en situación de abandono o desamparo una vez sean repatriados a su país de origen conduce a entender que se ha producido una vulneración del derecho fundamental a su integridad física y moral» reconocido en la Constitución española.
La Delegación también ha sido condenada en costas y tiene posibilidad de presentar recurso en el plazo de quince días hábiles ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
