«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
La Gaceta de la Iberosfera
Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.
LLAMA A LA ACCIÓN CONTRA EL EJECUTIVO DE SÁNCHEZ

VOX respalda en la UE a los 2.500 jueces que han denunciado el asalto socialcomunista a la Justicia

El jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé. UE

El jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha apoyado la acción de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces y magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), que representan a más de 2.500 jueces españoles, tras remitir un escrito a la vicepresidenta de la Comisión de la UE para Valores Y Transparencia, Vêra Jourová, y al Comisario Europeo, Didier Reynders, denunciando el “riesgo de violación grave” del Estado de Derecho en España por las últimas reformas legislativas del Gobierno socialcomunista.

En el escrito, de seis páginas, los firmantes solicitaron a la Comisión Europea a adopción de medidas entre las que citan el inicio de procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que recoge la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos de la Unión Europea.

VOX ha apoyado a estos 2.500 jueces con una misiva a Jourová y a Reynders en la que recuerda que la reforma legislativa que busca la izquierda en España «tiene como objetivo reducir las mayorías requeridas para nombrar jueces del Consejo General del Poder Judicial a fin de evitar negociaciones con la oposición» y les insta a «emprender acciones contra la intención del Gobierno español de poner fin a la separación de poderes y poner así en peligro el Estado de Derecho».

Las tres asociaciones solicitaron en concreto a la Comisión Europea que tome conocimiento de su escrito acerca de las reformas legislativas sobre “el apagón y desapoderamiento” del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y su “colonización por los partidos políticos”, que comprometen los nombramientos de altos cargos judiciales, así como toda la actividad gubernativa sobre jueces (disciplinaria, promoción, formación), “y con ello su independencia e imparcialidad”.

A juicio de los firmantes, esta actuación pone en riesgo el Estado de Derecho, “lo que constituye un riesgo claro de violación grave por parte de España de los valores contemplados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y, por lo tanto, del propio Derecho de la Unión”.

TEMAS |
.
Fondo newsletter