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POR DELITOS DE obstrucción a la Justicia, represalias y prevaricación

VOX se querella contra Marlaska por el cese ilegal del coronel Pérez de los Cobos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

VOX ha presentado una querella en el Tribunal Supremo contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que acusa de delitos de obstrucción a la Justicia, represalias y prevaricación por la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, cuyo cese fue anulado por la Audiencia Nacional al considerar que fue ilegal.

La formación que dirige Santiago Abascal también extiende su demanda contra el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, por los mismos tipos penales.

En un comunicado, VOX también atribuye a los tres cargos de la cúpula de Interior la dimisión del director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el general Laurentino Ceña, que renunció a su cargo un día después del cese de Pérez de los Cobos.

El pasado miércoles, la formación demandó la dimisión del titular de Interior tras la restitución del coronel de la Benemérita en su antiguo cargo, al igual que también plantearon PP y Ciudadanos.

El Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo 8 de la Audiencia Nacional consideró que la destitución de Pérez de los Cobos a finales de marzo del año pasado es ilegal y, por tanto, le restituyó al frente de la Comandancia del Instituto Armado en Madrid.

Tras analizar los hechos y las resoluciones adoptadas en el cese, el magistrado Celestino Salgado afirmó en su resolución que la «pérdida de confianza» alegada por Interior para cesarle vino motivada por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial sobre la investigación judicial abierta al hasta ahora delegado del Gobierno en Madrid José Manuel Franco, en el conocido como caso ‘8M’ por la autorización de concentraciones feministas multitudinarias.

Por su parte, el Gobierno ya ha avanzado que, desde «el respeto a las decisiones judiciales», la Abogacía del Estado recurrirá esta sentencia al discrepar con su contenido.

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