La presidente izquierdista de Honduras, Xiomara Castro, prometió durante su campaña dirigir un gobierno de reconciliación para el que convocaría “a un diálogo con todos los sectores para encontrar puntos de coincidencia” que permitiera conformar un buen gobierno. Sin embargo, todo indica que sus intenciones son llevar a cabo una vendetta en contra de quienes destituyeron a su marido en el año 2009, e imponer una dictadura idéntica a la de Nicaragua y Venezuela.
Y es que basta leer la propuesta legislativa presentada por el diputado del partido oficialista LIBRE, Rasel Antonio Tomé Flores, que pretende convertir en ley la narrativa según la cual en 2009, se perpetró un “golpe de Estado” en contra de Manuel Zelaya. Una vez aprobada, esta normativa, la misma serviría para justificar la persecución y encarcelamiento de quienes participaron en dicho golpe.
Se trata de una iniciativa idéntica a la tesis del actual gobierno boliviano, la cual tergiversa la realidad de lo ocurrido en las elecciones de 2019. La narrativa del presidente Luis Arce oculta que Evo Morales perpetró un fraude electoral, luego de lo cual se vio obligado a huir del país, y afirma falsamente que el líder cocalero fue víctima de un golpe. Este relato sirvió para justificar la persecución y posterior encarcelamiento de la expresidenta Jeanine Áñez.
La propuesta legislativa de LIBRE establece que “la separación del Presidente Constitucional de la República de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales, aprobado el domingo 28 de junio de 2009, constituye la huella indestructible del perverso e impune crimen del golpe de Estado y la responsabilidad de sus autores”.
El texto afirma además, que quienes destituyeron a Zelaya cometieron todo tipo de delitos, incluyendo el de “traición a la Patria” y que, como consecuencia de dicha destitución, los hondureños sufrieron una serie de calamidades. De lo anterior se desprende que, para hacer justicia, los “culpables” deben ser castigados. Por si fuera poco, LIBRE pretende decretar un indulto general a favor de todos aquellos que cometieron crímenes durante el gobierno de Manuel Zelaya, incluyendo los casos de corrupción comprobada.
En respuesta, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), manifestaron a través de un duro comunicado su rechazo a la iniciativa legislativa e indicaron que se busca justificar una vendetta, a la vez que garantizar la impunidad de los aliados de Zelaya.
Si los hondureños quieren evitar que el gobierno de Xiomara Castro se radicalice e imponga una dictadura, deben dar la batalla desde ahora, haciendo del Congreso el primer muro de contención de las leyes chavistas que LIBRE pretende aprobar. En este sentido, sirve de ejemplo lo que están haciendo los sectores democráticos del Perú, los cuales hasta ahora han impedido que Pedro Castillo cumpla sus objetivos dictatoriales y convoque a una Asamblea Constituyente. Más bien, Castillo está a la defensiva y su permanencia en el poder está en entredicho.
