La llegada a la presidencia del izquierdista radical Gustavo Petro no es solamente una mala noticia para todos los colombianos, sino que también ha sentado como un jarro de agua fría entre los aficionados a los toros, que conocen de sobra la marcada postura antitaurina de quien fuera miembro del grupo terrorista M-19 y después llegaría a la alcaldía de Bogotá.
A priori, los toros tienen el máximo respaldo legal posible. No en vano, la sentencia C-666 de la Corte Constitucional de Colombia, emitida en 2010, regula las actividades taurinas en el país y considera que dichas expresiones culturales pueden desarrollarse con normalidad en todas aquellas localidades donde exista dicha tradición.
Aquel pronunciamiento supuso un importante espaldarazo para la continuidad del toreo en Colombia, pero la docena de años que han transcurrido desde entonces no han estado exentas de retos legales y desafíos políticos que han provocado un enorme daño al sector.
Por ejemplo, en 2017 se emitió la confusa sentencia C-041 con la cual la Corte Constitucional otorgaba al Congreso un plazo de dos años para aprobar una ley que regulara las corridas de toros y otras actividades con animales. La propia Corte Constitucional acabó revirtiendo este pronunciamiento al entender que estaba cuestionando su misma jurisprudencia al abrir un debate que, en realidad, había quedado zanjado con la sentencia C-666 de 2010.
La ofensiva de Petro contra La Santamaría de Bogotá
El caso más lamentable de todos fue el de la prohibición de organizar festejos taurinos en Bogotá. La polémica decisión fue tomada por el nuevo presidente del país, Gustavo Petro, quien entonces ocupaba la alcaldía de la capital. El exintegrante del M-19 se pronunció contra las corridas de toros en 2012 y acabó con la actividad taurina de La Santamaría en 2013.
La afición taurina tomó las calles y un grupo de valientes novilleros se declararon en rebeldía, protestando encadenados ante la plaza y asumiendo incluso una huelga de hambre. El torero César Rincón y el abogado Felipe Negret se echaron a la espalda la defensa del toreo lanzando una serie de recursos legales que desafiaron el veto de la alcaldía.
La Corte Constitucional se pronunció al respecto en septiembre de 2014 y ordenó el regreso de las corridas de toros «en condiciones de neutralidad e igualdad, garantizando el espectáculo». Como el fallo no quedó en firme hasta febrero de 2015, Petro aprovechó para buscar una nueva fórmula prohibicionista y alegó que el coso de Bogotá requería una reforma integral para remediar supuestos fallos estructurales.
La rehabilitación de la plaza dejó el recinto sin uso hasta comienzos de 2017, cuando se celebraron cinco corridas de toros y una novillada. La remozada Santamaría volvía a coger aire, pero la exitosa reactivación se vio nuevamente truncada en 2020 y 2021 a raíz de las restricciones sanitarias aprobadas con motivo de la pandemia del coronavirus.
La presente temporada 2022 debió permitir la recuperación de la actividad taurina, pero el Ayuntamiento de Bogotá, ahora en manos de la izquierdista Claudia López, licitó la convocatoria imponiendo unas condiciones inasumibles e incluyendo la prohibición de la muerte del toro o la introducción forzosa de carteles con mensajes animalistas en el 30% de los emplazamientos publicitarios del recinto.
También en Medellín se han dado situaciones parecidas, puesto que el ayuntamiento de la localidad ha promovido el cambio de manos de la plaza de La Macarena y se ha asegurado de que la nueva compañía propietaria del recinto se comprometa a cesar la organización de corridas de toros a cambio de recibir distintas ayudas del consistorio que permitirán dar otros usos al recinto en condiciones más ventajosas.
De modo que, pese al absoluto respaldo que revela la jurisprudencia, los políticos de la izquierda colombiana han encontrado todo tipo de artimañas orientadas a impedir la actividad taurina por la puerta de atrás. Quedan en pie las Ferias de Cali y Manizales, dos ciclos de máximo prestigio que ahora enfrentarán el acoso y derribo del nuevo presidente del país, un Gustavo Petro que ya ha recibido el apoyo entusiasta del resto de autócratas comunistas de Hispanoamérica.
