Corría 2016 cuando La Vanguardia, periódico nada sospechoso de ser ni siquiera de centro-derecha, publicaba una noticia titulada Melilla, paritorio marroquí. Según ha ido pasando los años, se ha intensificado la oleada de inmigrantes ilegales y el Gobierno socialista ha invertido millones y millones de euros en publicidad institucional, más difícil se ha vuelto encontrar datos como los que proporcionada entonces aquel artículo.
El diario del Grupo Godó, explicaba entonces que habían nacido en la ciudad autónoma a lo largo del año anterior 1.825 de madres marroquíes que cruzaban la frontera desde el Norte del país vecino, daban a luz y volvían a su lugar de residencia. Suponía entonces el 60,8% de los nacimientos en el hospital comarcal de la ciudad, en la sanidad pública. En Ceuta en el mismo período se produjeron 450 partos de marroquíes que, de la misma forma, sólo entraron en España para que se les atendiera el parto antes de irse. Esto suponía un total de 2.275 partos anuales de irregulares.
La misma información advertía también de que estas inmigrantes ilegales pasaban el final de su embarazo en pisos patera o en casas de familiares para ser atendidas por la sanidad española, que además corría con todos los gastos ya que era imposible lograr después que ellas o Marruecos se hicieran cargo de las facturas hospitalarias. Cifraban entonces el coste por parto en 3.000 euros de media.
Cuando en 2018 el Ministerio de Sanidad publicó los costes medios de las diferentes atenciones hospitalarias, se cifraba el de un parto en 2.700 euros, algo menos de lo calculado unos meses antes por La Vanguardia. Considerando que el dato facilitado por Sanidad fuera más fiable, el coste de los 2.275 partos de mujeres marroquíes en Ceuta y Melilla supondría un total de 6.142.500 euros.
Puede no parecer una cifra descomunal, pero si tenemos en cuenta que se trata de dinero de los contribuyentes españoles a fondo perdido, que además no se está empleando en, por ejemplo, ayudas a la maternidad para españolas, cabría preguntarse, ¿en qué podríamos invertir esos más de seis millones de euros en beneficio de la natalidad de nuestro país?
A principios de este año, Juan García-Gallardo, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León perteneciente a VOX, trató de implementar un protocolo para ofrecer una ecografía extra a cada madre que fuera a tener un bebé en la región —la Seguridad Social sólo permite tres por embarazo—. Ha sido la única medida promaternidad que un Gobierno autonómico ha tratado de poner en marcha este año con la oposición frontal de Gobierno central, medios e incluso socios de Ejecutivo. Tendiendo en cuenta que el coste medio de esta prueba diagnóstica está en torno a los 100 euros, con esta cifra se podrían financiar 61.425 ecografías.
En Castilla y León nacieron tan sólo 13.095 niños en 2021, por lo que una partida de este importe sería más que suficiente. En Madrid, ese mismo año nacieron 51.366 bebés. Tan sólo con eliminar el gasto que los españoles nos vemos obligados a realizar para sufragar los nacimientos de marroquíes que en nada aportan a nuestra economía, se podrían financiar financiar ecografías extra para casi todas las madres madrileñas y castellanoleonesas. Algo que sí resultaría verdaderamente productivo para luchar contra el problema demográfico que sufre España.
