El Gobierno mantiene su hoja de ruta para desarrollar la planificación eléctrica 2030, un programa impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica que prevé movilizar 13.000 millones de euros en inversiones para la red de transporte durante el próximo lustro. Entre las actuaciones incluidas figura la construcción de un tercer cable eléctrico con Marruecos, una infraestructura que ha suscitado reparos por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) debido a su financiación y al fuerte incremento de su coste, según avanza este domingo The Objective.
El proyecto de interconexión eléctrica con Marruecos no es nuevo, ya que formaba parte de la anterior planificación correspondiente al periodo 2021-2026. Sin embargo, la nueva propuesta eleva de forma significativa el presupuesto previsto. La infraestructura pasa de un coste estimado de 216 millones de euros a cerca de 400 millones, después de que en el acuerdo alcanzado entre España y Marruecos en febrero de 2019 la inversión prevista ascendiera a 150 millones de euros, repartidos entonces a partes iguales entre ambos países.
La principal controversia reside en el mecanismo de financiación previsto para esta actuación. La planificación eléctrica se sufraga mediante los peajes de acceso incluidos en la factura de la electricidad, lo que implica que parte de los recursos aportados por los consumidores españoles podrían destinarse a financiar una nueva conexión con Marruecos, pese a que ambos países ya disponen de dos interconexiones operativas.
Diversos expertos consideran que este tipo de infraestructuras internacionales deberían financiarse mediante las denominadas rentas de congestión, es decir, los ingresos generados por la diferencia de precios de la electricidad entre ambos sistemas eléctricos, evitando así repercutir el coste directamente sobre los consumidores.
En su informe preceptivo, aunque no vinculante, la CNMC cuestiona precisamente este planteamiento. El regulador señala que la propuesta justifica la infraestructura únicamente por el cumplimiento del acuerdo de cooperación energética suscrito con Marruecos en 2019, pero echa en falta una evaluación detallada de los beneficios concretos que obtendrían los consumidores españoles.
Asimismo, la Comisión considera que debería analizarse la posibilidad de recurrir a fuentes de financiación externas al sistema eléctrico, especialmente teniendo en cuenta que el coste de la inversión se ha incrementado de manera considerable, que el proyecto continúa en fase de análisis y que la complejidad técnica podría elevar todavía más el presupuesto definitivo.
El organismo regulador también muestra su sorpresa por la evolución de los costes. Según recoge en su informe, el presupuesto prácticamente se ha duplicado pese a que la nueva propuesta reduce de seis a cuatro las posiciones planificadas en las subestaciones y acorta la longitud del cable submarino de 52 a 42 kilómetros.
Además, la CNMC recuerda que Marruecos no pertenece a la Unión Europea, por lo que considera imprescindible valorar qué parte del beneficio económico permanecería en el mercado comunitario y cuál correspondería al país norteafricano. A su juicio, la documentación presentada no aclara este reparto, un aspecto que considera esencial para determinar si el beneficio para los consumidores españoles justifica el coste que asumiría el sistema eléctrico nacional.
