El Tribunal de Cuentas ha alertado en su último informe de que siete comunidades autónomas no son suficientemente transparentes con la gestión de los fondos europeos y ha pedido a las regiones dar más información y llevar a cabo una mejor planificación estratégica de los mismos.
Así se desprende del informe de fiscalización sobre la gestión autonómica del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y en el que el Tribunal de Cuentas señala los errores de la puesta en marcha de las reformas y las inversiones que deben llevar a cabo las comunidades y las ciudades autónomas mientras recomienda cambios para gestionar de forma ágil los proyectos.
En cuanto a la transparencia, el órgano fiscalizador ha resaltado que, a pesar de que todas las comunidades han habilitado webs para difundir las actuaciones financiadas con los fondos correspondientes a sus respectivos ámbitos autonómicos, 7 de ellas no han publicado datos concretos sobre los fondos ejecutados en el año 2022 y 2023.
Las regiones que sí comenzaron el año pasado a publicar información más detallada sobre los fondos ejecutados fueron Aragón, Asturias, Baleares, Cataluña, Murcia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana, sumándose en 2023 Castilla-La Mancha y Madrid, según esgrime el informe.
El Tribunal de Cuentas ha exhortado a las comunidades que no publicaron datos en 2022 a mejorar la transparencia en la gestión de los fondos europeos, «máxime cuando se está entrando en las fases centrales de su ejecución».
Insuficiente planificación de los fondos
Por lo general, según el organismo, las comunidades autónomas podrían haber coordinado mejor el control de las inversiones y las reformas, poniendo como ejemplo a Canarias, Asturias, Navarra y Murcia por haber elaborado plantillas homogéneas para que todas las administraciones públicas expliquen sus proyectos.
También ha señalado la importancia de que los gobiernos autonómicos planifiquen más detalladamente las necesidades de recursos humanos para la gestión de los fondos. Según el Tribunal de Cuentas, la ejecución y seguimiento de los fondos genera «un significativo incremento» de la carga de trabajo, para lo que se requiere personal «cualificado y suficiente».
La autoevaluación que deben hacer las comunidades sobre su gestión de los fondos no se ha realizado con un proceso «ordenado, coherente y comparable» para identificar y corregir riesgos de gestión, según recoge el informe. La excepción en esta materia son Asturias, Cataluña y Extremadura.
Asimismo, el Tribunal de Cuentas ha advertido de que las comunidades y ciudades autónomas no han establecido «criterios comunes» en los test de autoevaluación para que se pueda comparar entre sí la gestión de los fondos.
