El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha cargado contra la «perversa manipulación» que el secretario general de Derechos Humanos hace de la ley.
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha acusado al Gobierno vasco de utilizar los ataques islamistas de Cataluña para blanquear a ETA y pasar la página de su trayectoria terrorista.
COVITE se hace eco de la entrevista al secretario general de Derechos Humanos, Jonan Fernández, publicada en Diario Vasco, en la que afirma que los recientes atentados “hacen más antiguo lo que tiene que ver con el final de ETA”. El colectivo critica que Fernández “utilice de forma interesada” los atentados yihadistas “para dar carpetazo a ETA sin exigir a la banda que se disuelva ni a los terroristas y a su brazo político que condenen el terrorismo y colaboren con el esclarecimiento de sus crímenes”.
La organización presidida por Consuelo Ordóñez ha cargado contra la “perversa manipulación” que Fernández hace de la ley, después de que este haya afirmado que «la colaboración de los terroristas con las autoridades puede limitarse a rechazar a ETA sin proporcionar información para resolver sus delitos».
Las víctimas han acusado al secretario general de “desconocer la ley” y de «interpretarla a favor de los terroristas y vulnerando gravemente los derechos de las víctimas”. Le ha recordado asimismo que la norma detalla cómo tiene que ser la colaboración activa con las autoridades y especifica, entre otras formas de colaboración, “la identificación de responsables de delitos terroristas para su captura y procesamiento”, cuestión clave ya que de los más de 800 asesinatos cometidos por ETA, más de 300 están sin resolver.
Covite ha alertado sobre los planes del secretario general de crear un “itinerario de socialización” para los terroristas excarcelados. “El Gobierno vasco pisotea de nuevo la dignidad de las víctimas, a las que cree que puede contentar con homenajes vacíos, y da prioridad a los supuestos derechos de terroristas orgullosos de su currículo criminal”, ha añadido.
Denuncia asimismo que “a más de la mitad de las familias de asesinados por ETA se les ha negado el derecho a la Justicia y ahora esta Secretaría trabaja para negarles el derecho a la verdad”.
Por último, COVITE ha hecho hincapié en que el Gobierno vasco es “una excepción” entre los gobiernos europeos: “Mientras que en Europa se lucha por la prevención de la radicalización, el Ejecutivo de Urkullu se preocupa por los terroristas y obvia que la deslegitimación del terrorismo es clave para construir una sociedad digna y para prevenir el uso de la violencia”.
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