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Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

La Abogacía del Gobierno Sánchez rebaja a sedición la actuación de los golpistas

La Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno, pide 12 años de cárcel para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; 11 años y medio para 5 exconsellers; 10 años para Carme Forcadell; y 8 años para los Jordis, todos ellos por un delito de sedición en un gesto en el que se desmarca de la Fiscalía.

A diferencia del ministerio público, la Abogacía considera que los hechos no pueden ser calificados de rebelión al no haberse producido la violencia necesaria para lograr la independencia de Cataluña.

Fiscalía pide 25 años de cárcel para Oriol Junqueras como líder de la rebelión separatista

Aún así, en su escrito de conclusiones provisionales, entregado hoy en el Tribunal Supremo, solicita las penas más altas para Junqueras y los cinco exconsellers que se encuentran en prisión dado su estatus de «autoridad» al haber «inducido, sostenido y dirigido la sedición desde su condición de miembros del Gobierno» catalán.

De la malversación a la sedición

La decisión de Abogacía del Estado, que representa los intereses del Estado y que orgánicamente depende del Ministerio de Justicia, supone que en el juicio que previsiblemente se celebre en enero defenderá que no se produjo un alzamiento violento para declarar la independencia de una parte del territorio nacional.

La Abogacía del Estado se personó más tarde en la causa por el asunto de la malversación sobre el que ha pivotado toda su actuación y las diligencias solicitadas, y no tenía de hecho por qué pronunciase sobre la rebelión o la sedición.

A lo largo de la instrucción, siempre respaldó el criterio de la Fiscalía en relación a la violencia y el delito de rebelión, hasta el punto de que cuando pidió al Supremo que cerrase la investigación, solicitó que se juzgara a los procesados por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia.

Por tanto, su decisión de acusar de sedición supone un cambio en la estrategia que ha mantenido en la causa hasta la fecha.

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