Desde la AEGC advierten de que los agentes ahora “sufrirán las iras de unos trabajadores que van a verlos como sus enemigos en este problema”.
La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), ha lanzado este viernes un comunicado sobre el conflicto en el Aeropuerto El Prat, de Barcelona, que este viernes ha vuelto a registrar colas de una hora en los controles de seguridad después de que los vigilantes rechazaran este jueves propuesta de la mediación de la Generalitat.
Dicha propuesta, que había aceptado la empresa, planteaba una subida salarial de 200 euros al mes en doce pagas, pero que los trabajadores de Eulen se decantaron mayoritariamente por un incremento de 250 euros mensuales en quince pagas, opción que no se había negociado previamente en las reuniones con la mediación.
Así las cosas, el Gobierno, que frente al proceso separatista se esconde tras el Tribunal Constitucional, ha decidido tomar el control del Aeropuerto y, según ha informado este viernes el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, una de las medidas que se barajan para minimizar el impacto de la huelga es que Guardia Civil y Policía Nacional asuman los controles de acceso a la zona de embarque.
La AEGC no ha tardado en salir al paso. Destaca que el Ministerio del Interior, como siempre, ha decidido recurrir a «los mal pagados guardias civiles» para poner fin al conflicto privado que mantienen los trabajadores de seguridad privada del aeropuerto con su empresa EULEN y por tanto, con la recientemente privatizada AENA.
“Constatamos de nuevo que, a pesar de ser el Cuerpo de seguridad del Estado peor pagado y tratado por todos los que han tenido responsabilidades políticas sobre nosotros, se vuelve recurrir a nuestra efectividad para dar una solución a un conflicto laboral de dos empresas que son privadas”, manifiestan desde este sindicato que engloba todas los Empleos y Escalas de la Guardia Civil y preside Francisco J. Benito.
Además, advierten de que ahora serán sus compañeros los que “sufrirán las iras de unos trabajadores que van a ver a los agentes como sus enemigos en este problema”. En la AEGC están «convencidos» de que así ocurrirá.
Apuntan que esto “es lo que tiene sustituir a los guardias civiles de puestos claramente de servicio público, como terminará pasando en los Centros Penitenciarios donde también se ha privatizado parte de la seguridad”, una denuncia que también ha hecho en La Gaceta Ramón Rodríguez Prendes, secretario general de la Unión de Guardias Civiles (UniónGC): La vigilancia privada en prisiones levanta ampollas.
Sobre este último asunto hay que recordar que UniónGC denuncia que es «una desvergüenza que en plena crisis se permitan el lujo de gastar 33 millones de euros implantando un servicio innecesario a todas luces que ya lleva muchos años cubierto por guardias civiles”.
En cuanto a El Prat, desde la AEGC se preguntan hasta qué punto son los integrantes de este Cuerpo los que tengan que dar una solución a este conflicto privado de El Prat. “Somos conscientes que recurren a nuestro servicio por los trastornos que están sufriendo todos los ciudadanos que estos días tratan de coger un avión para disfrutar de sus vacaciones, pero también es nuestra obligación, como representantes de los guardias civiles, exigir más respeto a nuestro trabajo que sigue siendo valorado por debajo del que realizan el resto de componentes de las FCSE, y muy por debajo de los Mossos y el resto de integrantes de las policías autonómicas”, recalcan.
Por último, resaltan que ahora recurren a su eficacia pero que son “los mismos a los que hace unos días nos querían echar de Cataluña”. Se refiere a la CUP, formación antisistema a la que los catalanes otorgaron 10 escaños en las elecciones de 2015, que tilda a la Policía y la Guardia Civil de “represivas y peligrosas” .
El pasado diciembre los cachorros de la CUP, Arran, rodearon un cuartel en Manresa (Barcelona) y este pasado 31 de julio la formación anticapitalista asedió la comandancia de la Benemérita en la Travessera de Gràcia de Barcelona en protesta por los interrogatorios en la investigación judicial del referéndum que el separatismo pretende urdir el 1-O.
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