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POR EL CASO 'ERE'

Anticorrupción se opone a suspender la pena y avala el ingreso en prisión de Griñán

Griñán prisión ERE
El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán. Europa Press.

La Fiscalía Anticorrupción ha respondido a la Audiencia Provincial de Sevilla que se opone a suspender la pena de cárcel al ex presidente andaluz José Antonio Griñán, avalando así su ingreso en prisión por el ‘caso ERE’, según han informado fuentes fiscales a Europa Press.

La Audiencia de Sevilla había pedido al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas que se pronunciaran sobre si debe suspender o no la pena de prisión para Griñán y otros ocho ex altos cargos de la Junta de Andalucía mientras se tramitan los indultos planteados.

El Tribunal Supremo confirmó el pasado julio la condena a Griñán por el uso irregular de las subvenciones autonómicas para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) a 6 años de cárcel por delitos de prevaricación y malversación, lo que le situó a un paso del ingreso en prisión.

El pasado septiembre se produjo una petición de indulto parcial para Griñán, formalizada ante el Ministerio de Justicia por la familia del expresidente socialista de la Junta de Andalucía, y que sumó más de 4.000 firmas.

Entre los firmantes, se encuentran políticos socialistas como los expresidentes Felipe González, y José Luis Rodríguez Zapatero, la expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz, el histórico dirigente Alfonso Guerra, el expresidente de Cataluña José Montilla, los exministros José Bono, Carlos Solchaga, Leire Pajín, Pedro Solbes y Miguel Sebastián, o el vicepresidente de la Comisión Europea Josep Borrell.

Además, la petición la apoyaron exdiputados de otras formaciones ―algunos del Partido Popular― y ex altos cargos de los sindicatos, como José María Fidalgo, Antonio Gutiérrez, Ignacio Fernández Toxo o Cándido Méndez.

La portavoz adjunta de VOX en el Congreso de los Diputados, Inés Cañizares, propuso, tras conocerse la petición, que cada uno de los 4.000 firmantes del indulto donaran 175.000 euros y así se pudieran recuperar los 700 millones de euros “saqueados” a las arcas públicas.

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