Casi 70.000 inmigrantes ilegales llegaron a las costas andaluzas entre 2019 y 2025, y más de la mitad fue entre 2019 y 2022.
Almería, Cádiz, Málaga y Granada concentraron buena parte de esas entradas por la vía de la ilegalidad (de 2019 a 2022), con picos que saturaron numerosos recursos autonómicos. Frente a esta realidad, el Gobierno de Juanma Moreno (PP) optó por una respuesta que priorizó la acogida inmediata sobre la contención.
La Junta de Andalucía reconvirtió albergues públicos de la red Inturjoven —destinados al ocio y vacaciones de jóvenes andaluces— en centros de cuarentena y acogida para inmigrantes ilegales. El resultado derivó en un perjuicio directo para trabajadores y juventud de la región, conflictos vecinales, focos de inseguridad y un gasto público elevado que generó un efecto llamada sin precedentes.
La decisión se materializó especialmente en el verano de 2020, en plena crisis sanitaria. La Junta cedió dos albergues juveniles, el de Algeciras (134 plazas) y el de Víznar, en Granada (115 plazas), para aislar a inmigrantes ilegales que habían sido positivos en COVID o habían registrado contactos estrechos con contagiados. También se utilizaron instalaciones en Torremolinos (Málaga) y Almería. Estos centros, pagados con dinero público andaluz, dejaron de estar disponibles para su fin original: campamentos, turismo juvenil y descanso estival a precios asequibles. Mientras tanto, miles de jóvenes andaluces se quedaron sin plazas públicas para sus vacaciones tras la crisis sanitaria debido a que esto precisaba de un reacondicionamiento de las citadas instalaciones.
En Almería, la reconversión del albergue de Inturjoven generó un perjuicio laboral concreto. El sindicato CSIF denunció el «traslado forzoso» de 16 trabajadores (limpiadores, recepcionistas y personal de mantenimiento) que fueron reubicados en otras provincias mientras el centro se acondicionaba para inmigrantes ilegales. La promesa de no desplazar plantilla se incumplió. Estos empleados quedaron temporalmente sin su puesto habitual, con el consiguiente impacto familiar y económico.
El caso más polémico ocurrió en Víznar (Granada). El albergue se convirtió en centro de cuarentena para grupos de inmigrantes ilegales llegados a Motril. Vecinos de Víznar y Dúdar expresaron «indignación» por la falta de información previa y la llegada repentina de decenas de inmigrantes. Se documentaron fugas constantes, incluso de positivos en COVID. VOX visitó el lugar y denunció la situación de hacinamiento (aforo de 30 plazas ocupado por más de 60 personas), custodia permanente de la Guardia Civil y la entrega a los inmigrantes ilegales de terminales móviles, dinero de bolsillo e incluso tabaco.
Estos episodios no fueron aislados. La gestión creó focos de inseguridad local, desde protestas vecinales a la preocupación por la saturación de servicios y percepción de que se priorizaba al inmigrante ilegal sobre el residente. La propia red Inturjoven, promocionada en su web como destino turístico juvenil, vio interrumpida su actividad normal en plena temporada estival tras el acondicionamiento de estas instalaciones como centros de acogida. Incluso hasta el pasado año, se han documentado casos en los que la Junta de Andalucía acondiciona este tipo de recursos como sistemas de recepción de inmigrantes ilegales. Jóvenes andaluces pagaron y pagan el precio de una política que detonó un efecto llamada en una de las épocas más complicadas para los andaluces.
El coste económico fue desproporcionado. La Estrategia Andaluza para la Inmigración 2021-2025 (“inclusión y convivencia”), impulsada por Moreno, ha movilizado cientos de millones autonómicos. Sólo entre 2021 y 2024 se destinaron más de 290 millones a acogida e integración, con decenas de millones anuales en centros residenciales y menas (coste medio superior a 55.000 euros por plaza/año en algunos contratos). A esto se suman los gastos logísticos de Inturjoven: manutención, seguridad y acondicionamiento. Todo ello recayó en el contribuyente andaluz, mientras Juanma Moreno se excusaba diciendo que la competencia de fronteras corresponde al Estado.
La reconversión de infraestructuras juveniles públicas y la ausencia de medidas más firmes de contención generaron un efecto llamada evidente que a día de hoy sigue arrastrando la comunidad autónoma. Andalucía se ha convertido en destino atractivo para las mafias del Estrecho y Argelia, como reflejan los balances de llegadas posteriores.
