La sangría demográfica en Asturias no tiene freno. La comunidad ya tiene menos de un millón de habitantes. Aún son datos oficiosos a la espera de la confirmación oficial, pero la noticia no ha pillado por sorpresa a nadie. Hace años que se encendieron todas las alarmas, pero no se ha hecho nada para, al menos, intentar revertir la situación. Y eso que el Principado fue la primera región en reivindicar financiación estatal para invertir su pirámide poblacional. Fue en 2008, con gobiernos socialistas –como sucede ahora- tanto en la comunidad como en la Nación.
El próximo mes de mayo concluirá oficialmente la actual legislatura en la Junta General del Principado de Asturias, que será la tercera consecutiva sin elaborar ni una sola ley sobre el Reto Demográfico. Y eso que Asturias tiene motivos más que sobrados para haber acelerado el proceso. La despoblación es un hecho y un enorme problema. Sin medidas que fomenten la natalidad ni tampoco actuaciones que eviten la marcha de jóvenes en busca de otras comunidades e incluso países donde encontrar acomodo laboral, el descenso demográfico es palpable.
Los sucesivos gobiernos socialistas en Asturias han sido incapaces de sacar adelante una normativa específica con la que dar respuesta al gravísimo problema de la despoblación, y eso que sacar adelante una Ley de Reto Demográfico, en principio, no supone coste alguno para las arcas regionales. Y es llamativo que esto suceda en el Principado porque fue precisamente bajo el Gobierno socialista de Vicente Álvarez Areces cuando se reclamó a otro gobierno socialista, el de José Luis Rodríguez Zapatero, para que atendiera al envejecimiento en el sistema de financiación autonómica: nada. En octubre 2017, el gobierno regional de Javier Fernández, también socialista, aprobó el primer plan demográfico regional que preveía movilizar 2.275 millones hasta 2027, e incluso en diciembre de ese mismo año de 2017 Asturias firmó junto con Castilla y León y Galicia la primera alianza interautonómica frente al Reto Demográfico, en un acto que tuvo lugar en Oviedo. Papel mojado.
De las palabras no se ha pasado a la acción. En la actual legislatura el presidente de Asturias, Adrián Barbón, se limitó a crear la figura del Comisionado del Reto Demográfico, ya existente en el gobierno de la Nación, y creó una Comisión en la Junta General del Principado. De nuevo nada. En el mejor de los casos Asturias podría tener una Ley de Reto Demográfico en 2024, mientras sigue la sangría de la población, con más muertes que nacimientos y con jóvenes y más jóvenes emigrando a otros lugares en busca de oportunidades laborales.
El diagnóstico está claro. La población asturiana está envejecida, es la más envejecida de España. Y, por otro lado, la edad de las madres -más de dos de cada tres que tienen un hijo tienen una edad que oscila entre los 30 y 39 años-, es superior a la media nacional, según los últimos datos con los que se cuenta. En Asturias no se apoya la natalidad, tiene la pirámide de población totalmente invertida con un envejecimiento muy acentuado y, encima, no se legisla adecuadamente para revertir los preocupantes datos. Toda una tormenta perfecta que ha llevado a la región a bajar del millón de habitantes.
