El porcentaje de españoles que consideran «muy bueno» o «bastante bueno» el nivel de independencia judicial del país fue del 39 % en 2018, ocho puntos porcentuales mayor que en 2017, cuando fue del 31 %.
No obstante, casi la mitad de los encuestados para este informe en España, un 49 %, perciben como «muy mala» o «bastante mala» la independencia judicial del país, lo que le sitúa como el sexto más crítico de toda la Unión Europea con la independencia de sus tribunales y jueces, según la nueva edición del cuadro de indicadores de Justicia que elabora la Comisión Europea.
Solo en Hungría, Eslovaquia, Bulgaria, Italia y Eslovenia tienen una percepción peor sobre la autonomía del poder judicial en sus respectivos países.
Por el contrario, Dinamarca, Finlandia, Austria, Holanda, Suecia e Irlanda son los países de la UE en los que los ciudadanos están más satisfechos con la independencia de sus sistemas de justicia.
En España, un 39 % de los entrevistados señalan las «interferencias por parte del Gobierno o los políticos» como principal causa por la que se produce esta falta de independencia, mientras que un 35 % apunta a «las presiones de poderes económicos u otros intereses» y un 26 % menciona que los jueces «no tienen un estatus o posición» que garantice su autonomía.
Las empresas han mejorado también su percepción sobre la independencia del sistema de justicia español, ya que en 2018 un 41 % la considera «muy buena» o «bastante buena» frente al 30 % que opinaba esto el año pasado.
Los indicadores incluyen la valoración que los jueces de cada país hacen de su propia independencia judicial, puntuado sobre diez y en el que los magistrados españoles otorgan un 8,7 al sistema nacional.
Los jueces más críticos con la independencia de su país son los letones, que dan un 7,4, mientras que los daneses son los que mejor perciben esa independencia en sus tribunales y le otorgan un 9,9.
La comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, recalcó que este informe se publica en un momento «en el que la defensa del Estado de derecho es una prioridad de la agenda de la UE».
«Sin el Estado de derecho, la democracia, los derechos civiles y la gestión financiera sensata están en riesgo», advirtió la comisaria en un comunicado, en el que aseguró que «no hay Estado de derecho sin estándares elevados en independencia judicial».
La reciente propuesta de la Comisión para el próximo presupuesto europeo incluye, precisamente, un nuevo mecanismo para vincular el respeto al Estado de derecho con la recepción de fondos.
