El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijoo, asegura que el Partido Socialista (PSOE) se vio obligado a ceder en las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debido a las presiones de Bruselas. «El PSOE ha tenido que aceptar el acuerdo del Poder Judicial porque la Comisión Europea advirtió a España de que iba a emitir en julio un informe duro contra las prácticas invasivas del Gobierno en el ámbito de la justicia», ha afirmado en una entrevista con El Confidencial.
Sin embargo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha negado que esto sucediese así. «Es completamente falso que la Comisión Europea advirtiese a España de nada y el PP lo sabe», ha asegurado en un mensaje en X. Según Bolaños, la mediación de la Comisión Europea no incluyó ninguna advertencia específica, al contrario de lo asegurado por Feijoo.
El pasado martes 25 de junio, el PSOE y el PP lograron ese acuerdo para renovar el Poder Judicial, después de casi seis años con el mandato caducado. El pacto, que reparte diez vocales para cada partido, es el mismo que los populares rechazaron en 2022.
Feijoo asume que puede que Sánchez no permita la reforma del sistema de elección del CGPJ
El Partido Popular ha cerrado filas en torno al acuerdo alcanzado, pero la desconfianza hacia Sánchez persiste, y en Génova consideran un riesgo real que el Congreso pueda obstaculizar la reforma final del sistema de elección del órgano de los jueces.
El pacto incluye no sólo la renovación inmediata del Consejo con los nombres acordados por PSOE y PP, sino también una proposición de ley que busca avanzar en la «despolitización de la Justicia». Este texto ya ha sido registrado en el Congreso para su debate y votación en julio. Según fuentes conocedoras de las negociaciones, el principal obstáculo fue una disposición adicional en la Ley Orgánica que insta a los nuevos vocales del CGPJ a encontrar una fórmula para garantizar la «participación directa de los jueces» en la elección de sus miembros. Este informe debe estar listo en seis meses y se remitirá al Gobierno y a las Cortes para su aprobación. Así, la última palabra la tendrá el Congreso, donde el PSOE podría sorprender y no apoyar el proyecto, como temen fuentes del PP.
