El 21 de diciembre de 1979, diez años después del cierre de la verja, El País dedicó un reportaje a La Línea de la Concepción señalando que “muchos linenses ven en la apertura de la verja la solución a sus problemas”. El entonces alcalde, Francisco Niebla, denunciaba que “resulta triste que, a la vuelta de diez años, el Gobierno español esté favoreciendo que La Línea vuelva a depositar su mirada en aquella roca como única solución para ella”.
Tres años después la verja se reabrió entre promesas de un futuro dorado. Sin embargo, la decisión de Felipe González palidece hoy ante la crudeza de los datos: La Línea registra la mayor tasa de paro (34 por ciento) de la provincia, la menor esperanza de vida de España (79,9 años), sufre los estragos del narcotráfico y su economía ha sido estrangulada por el crecimiento de Gibraltar. 40 años más tarde de la reapertura de la valla, esta ciudad es el paradigma de todos los problemas de Cádiz.
Todos miran con disimulada vergüenza para otro lado, pero la economía sumergida es el verdadero motor de la ciudad y, en general, de todo el campo de Gibraltar. La riqueza de La Línea depende del Peñón y casi 10.000 españoles (la mayoría linenses) cruzan cada día la frontera para trabajar allí. Otros lo hacen para dedicarse al contrabando. Y aún peor, un tercer grupo se dedica al narcotráfico que asola la costa gaditana. El Consejo de Europa, por cierto, admitió en 2020 que es tal la opacidad financiera en Gibraltar que incluso se podrían estar encubriendo actividades de apoyo al terrorismo.
Si los ciudadanos están desesperados, sus representantes políticos no le andan a la zaga. El abandono que sufre La Línea provoca medidas precipitadas como la de impulsar un referéndum para erigirse en ciudad autónoma. El año pasado el partido que gobierna la ciudad (La Línea 100×100) aprobó los trámites para impulsar la secesión de la localidad de Andalucía.
Un disparate que, sin embargo, tienes sus razones. La Administración regional y la Administración central han marginado sistemáticamente a esta localidad fronteriza con Reino Unido. El Consejo de Ministros acordó en noviembre de 2018 reactivar la comarca con un plan de más de 900 millones de euros para invertir en infraestructuras ferroviarias y viarias, una zona franca en Los Barrios que debía operar desde 2019, formación para adultos con baja cualificación y un programa para reducir las altas tasas de desempleo. Nada de eso ha ocurrido.
Los agravios no quedan ahí. El Gobierno andaluz anunció en septiembre de 2019 hasta 69 medidas para atajar las consecuencias del Brexit en el campo de Gibraltar. Elías Bendodo prometió destinar cuatro millones de euros a situaciones económicas no previstas derivadas de la salida británica de la UE. Sin embargo, en junio de 2020 la Junta eliminó esa partida de los fondos destinados a la epidemia del covid.
Las promesas incumplidas y el crecimiento de Gibraltar tolerado por las autoridades españolas (construcción de un aeropuerto, submarinos nucleares y misiles en la base militar británica, hostigamiento a pescadores gaditanos) suponen una pinza letal para La Línea y para toda una provincia que está ahogada por el desempleo: tiene la mayor tasa de toda España (26 por ciento), sólo por detrás de Ceuta (29 por ciento). Con esos datos, el narcotráfico se mantiene al alza, pues cada año genera unos 300 millones de euros en esta zona. Según Interior, desde 2018 la Guardia Civil y la Policía Nacional han incautado 1.400 toneladas de droga y han detenido o investigado a 10.840 personas en el campo de Gibraltar.
La provincia de Cádiz, desde luego, tiene otros problemas como la desindustrialización. Se han marchado gigantes como Airbus, Tabacalera o Delphi y otras empresas importantes como Gadir Solar, Visteon o Torres Papel. Todas se fueron o cerraron, entre otras razones, por la deslocalización en terceros países donde la mano de obra es más barata o porque cuando se han cerrado se prefirió la fórmula de despidos y pensiones antes que reinventar el modelo productivo. Claro que cuando se ha intentado la reindustrialización tampoco ha funcionado. Ahí están los casos de Bahía Competitiva, Quality Food, Cádiz Solar, Rilco o Plan Aletas.
Con este panorama a la provincia le queda el turismo, con el inconveniente de ser un sector estacional, y Algeciras, el primer puerto de España y el segundo de Europa. Sin embargo, hay algo que también influye en la economía y, sobre todo, en la seguridad: la inmigración irregular. Seis de cada diez ilegales que entran a Andalucía lo hacen por la provincia de Cádiz, siendo Algeciras la ciudad más castigada. En ella es habitual ver deambular por las calles a inmigrantes de los que se desconocen sus antecedentes. También ocurre con los menas, que llegan en su mayoría a esta provincia a pesar de que sólo dispone de 139 plazas en sus ocho centros.
