Iberaval financiará créditos a autónomos de Castilla y León a un tipo de interés del dos por ciento, con incidencia en los trabajadores del medio rural, según un acuerdo sellado por la sociedad de garantía recíproca y la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), que busca potenciar el acceso a estos préstamos en municipios de hasta 5.000 habitantes.
El presidente de la sociedad de garantía recíproca, José Rolando Álvarez, que rubricó el convenio con la presidenta de ATA, Soraya Mayo, recordó que se renueva otro anterior de 2010 pero que, en esta ocasión, se ciñe particularmente a los autónomos del medio rural, a partir de los programas de bonificación de préstamos de la Junta, incluidos en ADE Empleo y ADE Financia, a través del cual el coste podría reducirse hasta los cero euros. De hecho, una línea específica referida a autónomos y microempresas, impulsada por el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) de Castilla y León contempla bonificaciones de hasta el 2,75 por ciento a proyectos de nueva creación, con condiciones especiales para los ubicados en el medio rural o de emprendimiento social.
De esta manera, el respaldo propiciado por este acuerdo se centrará en la financiación de proyectos de inversión empresarial y circulante para la puesta en marcha de negocios realizados por firmas con menos de cinco trabajadores. ADE Empleo, por su parte, compensa durante cuatro años los costes de financiación de hasta 40.000 euros por cada nuevo puesto de trabajo creado, con un máximo de cinco nuevos empleos por empresa (por tanto, hasta 200.000 euros).
En la Comunidad existen 197.000 trabajadores por cuenta propia, 11.708 de los cuales ya son socios de Iberaval. A su vez, cuatro de cada diez de éstos se encuentran en el medio rural. “Queremos que con este apoyo los castellanos y leoneses no tengan que emigrar del medio rural por imperativo legal”, sentenció.
Álvarez defendió que “es de justicia mimar y cuidar” a los autónomos, en un escenario de “incertidumbre”, con mayor presión fiscal. “Si hay algo imprescindible para invertir y crear empleo es la certidumbre. No se puede subir el Salario Mínimo Interprofesional un 22 por ciento sin pactar con agentes sociales, subir los impuestos .. Tendremos un grave problema de empleo sin decisiones acertadas en poco tiempo”, lamentó. De hecho, añadió que para los autónomos hay que tener en cuenta el coste de “destopar” las cotizaciones a la Seguridad Social. También consideró una “tragedia” si finalmente se confirma la decisión del Tribunal Supremo sobre las hipotecas, porque el mercado de este sector crecía un 23 por ciento este año y “reactivaba la economía”.
Por su parte, Mayo aplaudió un convenio de “largo recorrido, que se adelanta la futuro”, pues a su juicio, todos los indicadores prevén que en 2019 se eleven los tipos de interés, con lo que es un momento “interesante”. La presidenta de ATA hizo hincapié a que durante el primer semestre los autónomos se incrementaron un 8,4 por ciento y que 23.408 crearon casi 4.000 empleos. “Por eso, ahora que suben otros costes, como la luz o el diésel, reducir la financiación es al menos una buena noticia”, espetó.
Igualmente, también subrayó las sinergias con Iberaval en un escenario en que “solo se habla de multinacionales que cierran” y defendió que los autónomos “no se deslocalizan y vertebran el medio rural”. “Castilla y León debe invertir en políticas activas y en el medio rural, y así la Comunidad tendrá futuro”, reafirmó. Este convenio, añadió, “refuerza la tarifa plana de los autónomos y ayuda a consolidar el empleo creado”. “Los recursos de Castilla y León donde mejor están invertidos es en los autónomos y en el medio rural”, incidió Soraya Mayo.
El presidente de Iberaval, que destacó que este acuerdo permitirá simplificar trámites a los autónomos, explicó que la SGR ha respaldado en lo que va de año 410 negocios de trabajadores por cuenta propia, que han formalizado préstamos por 26 millones y han permitido mantener o crear 880 empleos. De esta manera, la operación media se situó en 63.000 euros a casi siete años. En cuanto al destino de las mismas, casi dos de cada tres se dirigieron a inversión y el resto, a necesidades de tesorería o circulante.
El sector de actividad con mayor presencia en la operativa de la SGR durante los primeros nueve meses de 2018 es el comercio con el 27 por ciento de los expedientes. Junto a él, los servicios copan el 24 por ciento, mientras que la industria y el transporte suponen uno de cada diez. Actualmente, los autónomos cuentan con un riesgo vivo, pendiente de devolución, de 123 millones de euros al cierre del mes de septiembre.
