No pinta bien para el FC Barcelona. En las últimas semanas, la sensación de la opinión pública ha sido la de que el club acabará yéndose de rositas por el caso Negreira, relativo a la presunta compra de árbitros por parte de la entidad azulgrana durante 17 temporadas (2001-2018). Pero nada más lejos de la realidad. Especialmente a raíz de las últimas declaraciones del presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.
Dos días antes de ser reelegido para un nuevo mandato de cuatro años, el esloveno dejó entrever que el club no saldrá indemne tras demostrarse, facturas mediante, que estuvo pagando durante 17 años a José María Enríquez Negreira, que fue vicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA) entre 1994 y 2018, por unos informes –mal redactados, de apenas tres páginas y plagados de faltas de ortografía– que, según la Fiscalía, constituirían una tapadera porque en realidad se estaría ocultando algo mucho más grave: un sistema arbitral corrupto, con dinero pagado por el Barça, para que los colegiados se equivocaran a su favor durante más de tres lustros, y así poder ver favorecidas sus carreras con una consiguiente mejora de emolumentos.
En una entrevista al medio esloveno Ekipa, horas antes del Congreso de la UEFA en Lisboa, Ceferin mandó los siguientes mensajes al Barcelona. «Es lo más grave que he visto en el fútbol», dijo primero, para rematar después: «Para la UEFA no ha prescrito».
Palabras que no auguran nada bueno para la entidad culé. Efectivamente, el caso Negreira ha prescrito a nivel deportivo en España –la Ley del Deporte recoge, en su artículo 112, que las infracciones muy graves prescriben a los tres años–, con lo que el club no podría ser descendido a segunda división ni sufrir la pérdida de puntos –salvo que la FIFA decida entrar de oficio–, pero otra cosa es en el ámbito penal en nuestro país y a nivel deportivo en Europa.
Mientras la investigación puramente judicial sigue su curso –el sumario consta ya de más de 1.800 páginas–, la UEFA, con los inspectores Jean Samuel Leuba y Mirjam Koller (Ética y Disciplina) al frente, también trata de esclarecer lo sucedido. El organismo futbolístico europeo ha dado orden de acelerar los trámites, recurriendo incluso directamente al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), y su decisión podría llegar a mediados del próximo mes de junio, una vez que hayan concluido todas las competiciones –el último partido de la temporada es la final de la Liga de Campeones, el 10 de junio en Estambul–.
A tenor de las declaraciones de Ceferin y de la gravedad de los hechos que la UEFA está investigando, el castigo sería deportivo, económico o ambos al mismo tiempo. En lo deportivo, con la ley en la mano —artículo 4.02 de las Regulaciones de la Liga de Campeones, que emana del 50.3 de los Estatutos de la UEFA—, el organismo tiene la potestad de vetar al Barcelona en competiciones europeas, aunque logre su clasificación a través de la Liga española, si concluye que «ha estado directa o indirectamente involucrado en cualquier actividad dirigida a arreglar o influir en el resultado de un partido a nivel nacional o internacional». Y es que, como bien se ha encargado de recordar Ceferin, «para la UEFA no ha prescrito».
El castigo sería de un año sin participar en competición europea, algo que ya le ocurrió al Besiktas y al Olympique de Marsella en 2012 y 2018, respectivamente. Sin embargo, se trataría de un castigo muy flojo para el Barcelona a nivel deportivo, después de que el propio presidente de la UEFA haya asegurado que «es lo más grave que he visto en el fútbol».
En este sentido, Toni Roca, abogado especializado en derecho deportivo y director del Sports Law Institute, ha asegurado en declaraciones a La Gaceta de la Iberosfera que «saldría a cuenta un año de exclusión de Champions a cambio de manipular 17 ligas, si efectivamente se acaba demostrando que esto ha sido así». Roca recuerda que éste es el castigo obligatorio que impone la UEFA a un club «involucrado directa o indirectamente en cualquier actividad encaminada a organizar o influir en el resultado de un partido a nivel nacional o nivel internacional», pero que el período podría extenderse «varias temporadas más» debido a la «gravedad de los hechos».
Más allá del castigo meramente deportivo, quedarse un año sin Champions supondría un perjuicio económico grave para las arcas del Barcelona: de hecho, esta temporada, en la que ni siquiera se ha clasificado para octavos de final, el club ha ingresado más de 70,5 millones de euros.
El otro posible castigo se reduciría sólo a una multa económica, aunque no parece que la pena vaya a quedar ahí, pues la UEFA pretende dar una imagen de limpieza total y el Barcelona no va a ser ajeno, por muy extenso que sea su palmarés.
Al margen de la UEFA, la FIFA también podría entrar de oficio y con mayor poder sancionador al tener la capacidad de imponer descensos o pérdida de puntos. El posible castigo se articularía bajo la aplicación del punto 6 del artículo 27, donde la institución se reserva el derecho a «a investigar, procesar y sancionar las infracciones graves que recaigan en el ámbito de aplicación de este código y en la jurisdicción de las confederaciones, federaciones u otras organizaciones deportivas si lo consideran adecuado en un caso determinado, en particular si la confederación, federación u organización deportiva no procesa una infracción grave en un plazo de tres meses desde el momento en que la infracción le conste a la Comisión Disciplinaria». Dicho en román paladino: la FIFA deja la pelota en el tejado de la Federación Española de Fútbol (RFEF), pero no quita que pueda actuar en un futuro no muy lejano –mediados de mayo, una vez que haya transcurrido el período de tres meses desde que saliera a la luz el caso Negreira el pasado 17 de febrero– y siempre en función de cómo evolucione el procedimiento.
