El pleno del Congreso debate este martes la toma en consideración de una proposición de ley del PP para modificar el Código Penal con el objeto de endurecer las condenas por delitos de terrorismo, de fraude, de corrupción y de tráfico de órganos.
Se trata de una iniciativa para trasponer a la legislación española varias directivas europeas relacionadas con esos asuntos, aunque su tramitación coincide en el tiempo con los debates abiertos en el arco parlamentario sobre otras posibles reformas, como la prisión permanente revisable o, recientemente, la mejor definición de las agresiones sexuales.
La iniciativa planteada por el PP se concreta en agravar de catorce a quince años la condena máxima a los dirigentes de una organización terrorista, también convierte en absolutas las inhabilitaciones previstas por este delito e incluye la falsedad documental entre los posibles delitos terroristas.
Otro cambio en esta materia afecta a los viajes con fines terroristas, pues la adaptación de la directiva europea implica que se pueda castigar el viaje a cualquier destino con esos fines y no solo a países controlados por grupos terroristas, como ocurre ahora.
También se plantea que las personas jurídicas (empresas, instituciones, asociaciones, fundaciones o partidos políticos, entre otras) puedan ser condenadas por cualquier delito relacionado con el terrorismo, cuando ahora solo puede hacerse por su financiación.
En otro ámbito, el de la corrupción, también se quiere extender a la malversación la responsabilidad penal de las personas jurídicas que puedan gestionar recursos públicos, algo que no ocurre ahora.
La trasposición de la directiva supone asimismo que se tipifiquen como delitos, al menos en los casos más graves, las operaciones financieras con información privilegiada, la manipulación de mercado y la utilización de artificios y el empleo de las tecnologías de la información para la alteración de precios. Además, fija nuevas penas para la fabricación y distribución de moneda falsa.
Otro aspecto novedoso tiene que ver con el tráfico de órganos humanos para adaptar la legislación al Convenio del Consejo de Europa sobre esta materia y aumentar el control ante la aparición de nuevos riesgos, como los grupos de delincuencia organizada trasnacionales dedicados a traficar con este tipo de órganos.
Para ello, se agravan las penas de las conductas más reprochables, se detallan los supuestos de actuación de esos grupos criminales de forma equiparable a los del delito de trata de seres humanos y se incluye una agravante por reincidencia internacional.
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