La formación política Adelante Castilleja ha elevado una denuncia ante la Fiscalía de Sevilla contra la alcaldesa de Castilleja de la Cuesta, María Carmen Herrera Coronil, del PSOE, y varios cargos y empleados municipales. En el documento se señalan posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias relacionados con un proceso de contratación pública.
La denuncia pone el foco en la adjudicación de la parcela municipal El Valero, destinada a ampliar un complejo comercial y de ocio próximo al centro comercial AireSur e IKEA, tal y como adelanta OkDiario. Según los denunciantes, la gestión del Ayuntamiento habría favorecido indebidamente a la empresa adjudicataria, generando un perjuicio económico superior a tres millones de euros para las arcas públicas.
Los hechos denunciados se remontan al año 2003, cuando el consistorio habría llevado a cabo una gestión urbanística alejada de la normativa vigente, con actuaciones calificadas como «arbitrarias» y contrarias al deber de garantizar el interés público. Estas irregularidades, según los denunciantes, no sólo incumplieron las leyes que rigen los procedimientos administrativos, sino que también evidenciaron una falta de objetividad en la toma de decisiones.
El bufete Sires Abogados, representante legal de Adelante Castilleja, ha solicitado que la Unidad de la Policía Judicial de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía investigue tanto los hechos denunciados como la identidad de los responsables. Esto incluye a los miembros de distintas juntas de gobierno que hayan participado en los acuerdos y contratos relacionados con la concesión administrativa durante estos últimos 20 años.
Para José Antonio Sires, abogado penalista de Sires Abogados, la documentación recopilada tras años de análisis demuestra que el Ayuntamiento habría actuado fuera de la legalidad, incumpliendo su deber de priorizar el interés general como base de la administración pública. Según sus declaraciones, las actuaciones municipales muestran un patrón de gestión alejado de las normativas legales y orientado a beneficiar intereses privados.
