Después de casi dos años fuera del Gobierno, el exministro de Consumo Alberto Garzón y la ex secretaria de Estado Ángela Rodríguez Pam recibirán en noviembre su último pago por su paso por el Ejecutivo. Ambos han estirado al máximo el privilegio que les otorga el sistema: una indemnización del 80% del salario que tenían como altos cargos, siempre que no trabajen en nada más.
La norma les garantiza esa retribución durante un máximo de 24 meses, y tanto Garzón como Rodríguez Pam han agotado el plazo completo. Son los dos únicos miembros del anterior Gobierno de coalición que todavía siguen cobrando esta prestación. El desembolso total para el Estado alcanzará los 310.000 euros cuando finalicen los pagos en noviembre.
Garzón dejó de ser ministro tras las elecciones de julio de 2023. Hasta entonces, había estado al frente de una cartera creada a medida durante las negociaciones de 2019 entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. En el caso de Rodríguez Pam, su ascenso llegó con Irene Montero en el Ministerio de Igualdad, donde fue nombrada secretaria de Estado en 2021. Ambas salidas se produjeron tras el pacto entre Yolanda Díaz y Sánchez que dejó fuera a varios rostros de Podemos.
En lugar de reincorporarse a la vida laboral, ambos optaron por acogerse a la indemnización completa. Garzón ha estado recibiendo 5.452 € mensuales; Rodríguez Pam, 7.515 € al mes. Este mes de octubre cobrarán su penúltimo ingreso, y en noviembre recibirán el último.
Durante estos casi dos años, ninguno de los dos ha trabajado en ningún puesto que implicara renunciar a la paga pública. Garzón incluso rechazó una oferta de la consultora Acento —ligada a exministros socialistas y populares— para no perder la indemnización. Pidió la compatibilidad, pero al ver el revuelo en su partido, renunció al puesto y eligió seguir cobrando del Estado.
Otros casos similares se han dado en el entorno de Podemos. Íñigo Errejón, por ejemplo, también percibió su indemnización parlamentaria tras abandonar sus cargos en octubre de 2024, en medio de denuncias por acoso y agresión sexual. Durante ocho meses cobró unos 3.000 € al mes hasta agotar el plazo legal.
