El Gobierno de España niega su responsabilidad en el caso de las mascarillas fraudulentas compradas por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), que depende del Gobierno de España. Pretendiendo lavarse las manos, el Ejecutivo ha culpado a las comunidades autónomas ante las sucesivas reclamaciones económicas.
Para evitar responsabilidades, el Gobierno ha remitido a la Audiencia Nacional un escrito donde considera que el incumplimiento del Acuerdo Marco que aprobó el ministro Salvador Illa, a finales de 2020, corresponde a las comunidades autónomas. De este acuerdo, que implicó 2.500 millones de euros, sólo se ejecutó un 6% de la contratación prevista. Una cifra ridícula teniendo en cuenta que el Gobierno quiso centralizar las compras de mascarillas y demás material sanitario contra la pandemia.
Este cruce de acusaciones se ha dado tras la demanda interpuesta por la empresa Kaelis World, que ahora exige 2,6 millones de euros ante las pérdidas millonarias del presunto incumplimiento del acuerdo. En representación de Ingesa, la Abogacía del Estado explica que «no existe amparo alguno» para responsabilizar al Gobierno central de la anulación de las adjudicaciones.
La defensa del Gobierno no se queda ahí, puesto que responsabiliza a las comunidades autónomas de estas pérdidas millonarias. El escrito de la Abogacía explica que las reclamaciones deberían estar dirigidas «contra cada una de las administraciones y organismos adheridos» al Acuerdo Marco de 2020. Esto es, la responsabilidad no es del Gobierno, del Ministerio de Sanidad o de Ingesa, encargados de centralizar las compras y formalizar las compras, sino de las regiones adheridas al acuerdo.
«Si la recurrente ha tenido conocimiento de cualquier contratación de material afectado por el Acuerdo Marco mencionado, que se haya llevado a cabo al margen del mismo, deberá ser a los respectivos órganos de contratación adheridos al acuerdo a quien debe dirigir cualquier requerimiento de responsabilidad por dicha circunstancia», señala la Abogacía en el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 12 de la Audiencia Nacional .
