El 8 de abril de 2020, pocas semanas después de declarar el confinamiento obligatorio, el primer Estado de Alarma y la imposición de la mascarilla, el Ministerio de Sanidad ejecutó la compra urgente de 2,5 millones de mascarillas FFP3 a una empresa china. Aquella compra, que alcanzó el precio de 15,3 millones de euros, fue una nueva negligencia del Gobierno. Según ha adelantado The Objective, el encargo millonario podría implicar numerosas irregularidades.
Ha sido el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid el encargado de investigar estas presuntas irregularidades en un nuevo contrato del Ministerio de Sanidad. La adjudicación a dedo, aprobada por el entonces ministro Salvador Illa, benefició a la empresa china HongKong Travis Asia Limited. Y perjudicó a España, porque las mascarillas compradas no fueron entregadas hasta 15 meses después de la compra millonaria y su valor quintuplicó el valor de mercado de las mascarillas.
Para las mascarillas FFP3, el propio Ministerio de Sanidad estableció un precio fijado. El valor unitario de mercado, en los meses más inmediatos de la pandemia, era de 1,17 euros, mientras que el dedazo del departamento de Illa las compró a un precio muy superior: 5,1 euros cada mascarilla FFP3.
Los documentos de Sanidad que ahora se han hecho públicos muestran que la adjudicación no se pagó por adelantado, a diferencia de otro contrato a dedo a la misma empresa por valor de casi 200 millones de euros. Sí figura, sin embargo, el evidente incumplimiento en las fechas del contrato, por el que el Ministerio no pidió ninguna compensación o rebaja.
Según uno de los últimos certificados incorporados al expediente del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, firmado a 21 de junio de 2021, la propia directora Belén Hernando cerró el informe con carácter retroactivo sin presentar ninguna reclamación sobre esta irregularidad en el contrato. Según los nuevos documentos, España perdió millones de euros por culpa del dedazo de Sanidad a la empresa HongKong Travis Asia Limited.
