Pactos con los golpistas, acercamiento de los presos etarras, derogación de la Prisión Permanente Revisable (PPR), eliminación de la asignatura de Religión, Ley de Eutanasia… la España que viene con Sánchez y sus temerarios socios.
«Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré (…) suerte a todos ustedes por el bien de España». Este fue el mensaje del ya expresidente del Gobierno Mariano Rajoy antes de la votación de la moción de censura sostenida con el apoyo de Unidos Podemos; ERC, el partido de Oriol Junqueras; PDeCat, el partido del prófugo Carles Puigdemont y el hispanófobo Quim Torra; EH Bildu, los herederos de Batasuna; y PNV, que basó su decisión en que el «PP se había quedado solo y sin estabilidad».
Con el actual escenario parece que España necesita mucha suerte y -parafraseando al cantante José Manuel Soto- cierta ayuda divina. Aunque Sánchez no ha desvelado qué «concesiones» va a hacer a los que le han dado sus votos, ha defendido que lo que hará será continuar con el «legado» de José Luis Rodríguez Zapatero. Muchos cambios no tendrá que acometer dado que las «leyes ideológicas zapateriles» han sido conservadas intactas por Rajoy.
De la mano de separatistas y nacionalistas
Sánchez gobernará con los Presupuestos del PP aprobados la pasada semana por CS y el PNV, entre otros, unas cuentas que tildó de «antisociales» y dijo que ponían en práctica «políticas absolutamente restrictivas de derechos y libertades». Por este motivo, su grupo parlamentario ha comunicado que no presentará propuesta de veto ni enmiendas parciales al proyecto en el Senado, con el fin de que las cuentas públicas sean aprobadas definitivamente el 19 de junio.
El PP, por su parte, no se plantea de momento enmendarlos porque son unos «grandes presupuestos« y muy beneficiosos.
Cuenta con el respaldo de los nacionalistas vascos, cuyos dirigentes le han ofrecido «diálogo permanente» y «voluntad de acuerdo». Es la misma formación que han aprobado con EH Bildu una propuesta de Preámbulo y un Título Preliminar para un nuevo Estatuto en los que se reconoce la «nacionalidad vasca», se recogen el mal llamado «derecho a decidir» y la «potestad de las instituciones para organizar consultas», y se aboga por «una relación bilateral y confederal con el Estado» y por «eliminar mecanismos de suspensión unilateral de normas» como el artículo 155 de la Constitución.
Los socialistas se han mostrado favorables al acercamiento de presos, una petición precisamente del PNV y de EH Bildu, que en un ejercicio de sinceridad ha reconocido que el respaldo al presidente investido es para «debilitar» a España. Patxi López, actual diputado del PSOE, aseveró tras la «disolución» de la banda terrorista de ultraizquierda ETA que «una nueva política penitenciaria era posible y deseable».
Podemos aboga por el acercamiento y por la «amnistía», y así lo demostraron cargos de esta formación al acudir en los últimos meses a las marchas convocadas por el entorno de los pistoleros. No sería nuevo, pues el Ejecutivo de Mariano Rajoy se ha ido con el récord de excarcelaciones, más de 400, según denuncia el presidente de Voces contra el Terrorismo (VCT), Francisco José Alcaraz.
Esquerra Republicana (ERC) ha celebrado la investidura de Pedro Sánchez porque para sus intereses es «mejor un Gobierno del PSOE con el apoyo de Podemos que uno del PP que cuente con Ciudadanos». Sánchez ya les ha ofrecido «diálogo» para «resolver la crisis catalana» y ha recordado «no es la primera vez» que ambas formaciones «se entienden en muchas políticas y cuestiones que les unen como partidos de izquierdas».
«Yo me comprometo a explorar ese diálogo para encontrar una solución política a una crisis que es política», dijo el líder socialista, antes de rechazar que «la salida venga desde lo judicial». Precisamente el relevo en la Fiscalía General del Estado abre la puerta a cambios en las acusaciones a los líderes del ‘procés’ fugados y encarcelados.
Mientras, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que ya ha pedido entrar en el Gobierno, le ha instado a «asumir el reto de construir una república plurinacional» y «abrir un camino de diálogo para encontrar fórmulas de acuerdo democráticas». En román paladino: replantear la forma de Gobierno -¿adiós al Rey Felipe VI?- y un referéndum de autodeterminación pactado en Cataluña y en todas las regiones que consideren «naciones».
Prisión Permanente y Memoria Histórica
El pasado jueves, Sánchez prometió un Gobierno «paritario y europeísta», «impulsar una ley de igualdad salarial» y derogar algunos artículos de la «ley de Seguridad Ciudadana». Según lo mantenido en los últimos meses, tiene también los escaños para reformar el Código Penal y eliminar la Prisión Permanente Revisable (PPR), pese a la oposición de los familiares de las víctimas que recuerdan que es «una pena excepcional contemplada para casos de extrema gravedad» y que sirve para construir «una sociedad más segura, más justa y más solidaria».
Siempre hemos defendido la modificación de la Ley de Memoria Histórica para que el Estado ponga los recursos que permitan las localizaciones y exhumaciones. La ley no abre nada. Cierra una herida que aún tienen abierta demasiadas personas que desconocen dónde están sus familiares pic.twitter.com/qvSYItmQjj
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 23 de abril de 2018
Sobre la Memoria Histórica, mantenida también por Rajoy, los socialistas llevan años defendiendo que el Valle de los Caídos debe reconvertirse en un espacio para «el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo».
Así está recogido en la totalitaria propuesta de reforma de la Ley que registraron en el Congreso el pasado año y que establece expresamente que los restos de Franco se sacarían de allí, mientras que los de José Antonio Primo de Rivera se trasladarían a un lugar no preeminente del recinto o al que designe su familia.
Esta ley oficializa los puntos de vista de la izquierda española como obligatorios, prevé el secuestro de libros, la cárcel y la pérdida de la condición docente para los profesores que la incumplan, y el adoctrinamiento escolar y la prisión para los cargos públicos que obstruyan su aplicación. Dicha propuesta incluye, además, cuantiosas multas, inhabilitaciones e ilegalizaciones, y suprime la libertad de expresión en materia histórica.
Religión y Ley del Aborto
En su programa electoral para los comicios del 26 de junio de 2016, en los que Sánchez cosechó el peor resultado de la historia del PSOE -85 escaños- la formación llevaba como promesa «la consecución formal de un Estado laico» en un país en el que casi el 70% de sus ciudadanos se declaran católicos, y que es bastión y fortaleza de la Cristiandad.
Para ello aboga por revisar los acuerdos con la Santa Sede y «promover una escuela pública laica donde no quepa la integración de enseñanzas confesionales, ni en el currículum ni en el horario escolar». Esto significaría acabar de facto con la asignatura de Religión en los colegios, un hecho que vulnera el artículo 27.3 de la Constitución que dice que los poderes públicos deben garantizar «el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».
Sus socios morados, profundamente anticlericales, comparten estos postulados, pero han planteado medidas que van más allá como la prohibición de misas en la televisión pública.
El «Gobierno Frankenstein» legalizará previsiblemente la eutanasia -el PSOE registró en marzo una proposición de ley para regularla como «un nuevo derecho individual y efectivo» para que sea «una prestación en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS)»- y podría recuperar íntegra -o ampliar- la Ley del Aborto, que el PP -con mayoría absoluta- no derogó en 2011, pese a que prometió hacerlo -solo reformó el punto referido al consentimiento paterno en menores de 16 años-.
Cabe señalar que en diciembre, Podemos sacó adelante en la Comisión de Igualdad -con los votos socialistas e independentistas- una proposición para una ley «garantista para que todas las mujeres puedan ejercer los derechos sexuales y reproductivos con garantías plenas», una decisión que aumentaría el ya escalofriante número de asesinatos de seres humanos no nacidos en España.
