El Consejo de Ministros aprobó la pasada semana la ampliación de la declaración de emergencia para atender y alojar en hoteles a los inmigrantes ilegales que llegan al archipiélago canario. Con esta última ampliación de 60,6 millones euros, el Ejecutivo ha invertido ya un total de casi 170 millones desde el mes de octubre para la primera atención y al alojamiento de aquellos inmigrantes que llegan a Canarias.
Con esta última inversión —indica el Ministerio que dirige Elma Saiz— se evitan sobrecostes a las comunidades autónomas y se garantiza la atención básica, los derechos humanos y la protección internacional a los colectivos más vulnerables.
El Ministerio de Migraciones señala que la ampliación de la declaración de emergencia responde a la necesidad de seguir gestionando un ritmo de llegadas más elevado que en años anteriores, a la vez que garantiza la asistencia a los inmigrantes ilegales que ya están en territorio nacional.
La primera declaración de emergencia, aprobada a principios de octubre, estuvo dotada con 33 millones de euros y permitió una ampliación de la capacidad del programa de Protección Internacional y Atención humanitaria de más de 4.000 plazas en diferentes sistemas de acogida habilitados por toda España, incluidos numerosos hoteles que se prestaron a formar parte de dichos sistemas de acogida. La siguiente prórroga, el 25 de octubre y con un presupuesto de 76 millones de euros, aumentó esa capacidad en 10.000 plazas más.
Según el Ministerio, en este momento el sistema de Protección Internacional y Atención humanitaria acoge a más de 45.400 inmigrantes ilegales en toda España, la mayoría llegados a Canarias desde el estallido migratorio del pasado mes de octubre.
Todo este presupuesto, ha sido destinado, según Migraciones, a atender las necesidades básicas de los inmigrantes ilegales en «situación de vulnerabilidad», darles cobertura sanitaria, acogida, apoyo psicológico y prestarles servicio a la hora de llevar a cabo el «restablecimiento de contactos familiares y sociales».
A pesar del volumen presupuestario dedicado a dichos servicios, por parte del Ministerio, no se descarta la aprobación de nuevas partidas en función de la inmigración ilegal que siga llegando a territorio español.
