Hace dos años, el mismo ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en nombre de ese órgano colegiado que es/debería ser el Gobierno, negó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tuviera la más mínima intención de preparar otra regularización masiva de inmigrantes ilegales al estilo de la famosa regularización del ‘bonobús’ de Rodríguez Zapatero de 2005.
Hace tan solo dos años, insistimos, el argumento para negar esa posibilidad que de vez en cuando agita la prensa adicta fue que la legislación europea no lo permitía tal y como estaba firmado en el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo de 2008, un pacto, recordemos, diseñado específicamente para que ningún otro Zapatero pudiera organizar una regularización masiva que entre otros efectos indeseables provoca un efecto llamada incuestionable que se traduce en enormes problemas de seguridad, no sólo en España, sino en el espacio Schengen.
¿Qué ha cambiado en estos dos años para que el mismo ministro del mismo Gobierno filtre ahora a la prensa la intención de comenzar los trabajos legislativos para afrontar una regularización masiva de ilegales en 2023? Es cierto que el ministro Escrivá no lo llama así, incluso lo niega y se escuda en los problemas reales de España para encontrar trabajadores en determinadas áreas con déficit de personal como el transporte o el campo, pero una cosa es reformar una ley obsoleta y flexibilizar la contratación en origen (ordenada y segura, que es una de las reivindicaciones de Vox) y otra muy distinta aprovechar la reforma para autorizar a cualquier ilegal—es decir, cualquier persona que haya, por ejemplo, asaltado una valla o haya infringido las condiciones impuestas para su entrada como turista en territorio nacional— para que pueda legalizar su situación a cambio de que acepte formarse como trabajador especializado en algún sector que diga el Gobierno que hay una demanda no cubierta.
Pero si esto es ya de por sí una artimaña, la propuesta filtrada por el ministro Escrivá (quizá le recuerden también como presidente de la Autoridad Independiente Fiscal que decía todo lo contrario a lo que ahora hace como ministro de Sánchez) prevé también una regularización por motivos de arraigo que es como aquel tercer supuesto del aborto a los efectos de conceder la residencia, como paso previo a la nacionalidad, a una masa crítica de ilegales que hoy mismo, mientras usted lee estas líneas, están enviando mensajes a sus países anunciando el coladero masivo que prepara España. Mucha atención a la figura del arraigo laboral incorporado en el borrador de Escrivá, que no sólo regularizará a los ilegales que lleven dos años en España y puedan presentar una prueba de contrato de sólo seis meses, sino que premiará con una regularización automática a todo extranjero que denuncie una contratación irregular.
Este nuevo reglamento de extranjería, según lo filtrado, también eliminará los requisitos de solvencia o de inversión mínima para los emprendedores y removerá los obstáculos legales —concebidos para evitar el blanqueo de capitales o el fraude en la renovación de los permisos de residencia— que hasta ahora dificultaban que los extranjeros pudieran trabajar como autónomos, además de permitir que se pueda hacer contratos laborales a los estudiantes foráneos.
Habrá que esperar a lo que diga Bruselas, pero las condiciones de hoy son mucho peores que las de la regularización masiva del bonobús de Zapatero en 2005
La filtración, a la espera de la reacción de las autoridades europeas, insiste en que la actual reglamentación fomenta el empleo irregular y la economía sumergida con los altos costes sociales que ello implica, obviando el enorme coste social, e incluso económico, que conlleva la gestión de una regularización masiva en tiempos de crisis económica y energética en la que malvive España. Es necesario elegir entre el mantenimiento del Estado del Bienestar, cuya fragilidad quedó probada en los primeros meses de la pandemia, y una política relajada de inmigración. Sólo una de esas dos vías es posible y sólo una de ellas, deseable.
El Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo de 2008 confirmaba que los países de la UE no estaban en condiciones de asegurar la calidad de vida de los inmigrantes. Habrá que esperar a que Bruselas nos diga cómo están las condiciones ahora, después de dos años de pandemia, con la crisis del gas, la de los refugiados ucranianos, la necesidad de aumentar los presupuestos de Defensa, el aumento de los delitos sexuales, la creciente inseguridad en los barrios periféricos de las grandes ciudades, la inflación que no cesa, el descontento social… pero desde luego las condiciones para los nacionales, y no digamos ya para los inmigrantes, no parecen mejores que hace 14 años.
En España, con un paro que pese a todas las trampas contables fijas discontinuas impulsadas por el sector comunista del Gobierno, todavía es el doble que el de la inmensa mayoría de los países de la zona euro (uno de cada cuatro parados europeos es español), una regularización de estas características en un momento crítico (la de Zapatero de 2005 ocurrió cuando todavía no se había producido la crisis de las subprime y España todavía vivía tiempos de bonanza) sólo se explica por el temor a la inevitable quiebra del sistema de pensiones y por esa obsesión en el relevo poblacional a favor de los inmigrantes que la izquierda española usa, bajo el paraguas de la falsa solidaridad, en su ansia por apoderarse a medio plazo de un potencial granero de votos.
De lo filtrado se presume que el Ministerio de Migraciones de Escrivá no atenderá a razones y no hará la distinción necesaria entre inmigrantes socioeconómicos y aquellos que llegan a Europa escapando de la persecución política o de un conflicto armado. Tampoco, por lo que parece, distinguirá entre inmigración hispana e inmigración africana, algo que es especialmente sensible en el caso de España por los distintos problemas integración que conllevan.
Queda mucho que discutir en el Consejo de Ministros para que el borrador de Escrivá se emborrone todavía más con las inefables aportaciones del sector comunista del Gobierno, pero con lo leído hasta ahora debería bastar para darnos cuenta de que el mantra de que los ilegales vienen a pagarnos las pensiones del futuro (inmediato, que la jubilación de los boomers está al caer), sigue siendo para el socialismo la única salida al reto demográfico. Los ajustes presupuestarios, la erradicación del gasto político, el adelgazamiento de la Administración, la flexibilización del mercado laboral, la recuperación del sistema educativo de calidad abandonado hace décadas y, sobre todo, las políticas de natalidad, ni están, ni se las esperan.
