«En algún momento» España tendrá que encarar la reforma de la Constitución «con el debate social y político correspondiente, pero también sin ningún tipo de temor», dice el Gobierno.
La vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha dicho este martes que el Gobierno está dispuesto a establecer un diálogo «abierto», «franco», «democrático» y «sin cortapisas» con el Govern de Cataluña, al que ha reclamado que el «respeto sea compartido».
Calvo, que continúa así la línea iniciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de renegar del 155 aplicado con su apoyo y dar palmadas en la espalda a los políticos golpistas, ha señalado que el «cumplimiento de la legalidad» no solo tiene que estar presente en la reunión que mantendrán el próximo lunes, día 9, en Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, sino que es una «obligación de ida y vuelta constante» en la relación con Cataluña.
La vicepresidenta, que se ha referido a este asunto en una comparecencia en el Congreso en la que ha explicado las líneas generales de su departamento, ha afirmado que la intención del Ejecutivo es mantener un «diálogo franco y respetuoso con todos» los gobiernos autonómicos, no solo con el catalán, si bien ha subrayado que no va a eludir su responsabilidad con la crisis territorial de Cataluña.
Convencida de que «en algún momento» España tendrá que encarar la reforma de la Constitución «con el debate social y político correspondiente, pero también sin ningún tipo de temor», ha sostenido que las constituciones son «mapas que tienen que coincidir con el territorio» y que «no pueden estar desajustados».
Fianzas pagadas
También este martes las entidades independentistas ANC y Òmnium Cultural pagarán la fianza de 2,1 millones de euros que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha impuesto a los 14 exmiembros del Govern procesados, en concepto de responsabilidad civil.
A través de Twitter, Òmnium ha comunicado que harán efectivo el pago de la fianza, con la que evitan embargos a los procesados y que «se agrave el sufrimiento de los presos y de los exiliados», destaca la entidad.
ANC y Òmnium han culminado este pasado fin de semana el proceso para reunir los 2,1 millones necesarios a través de la denominada «Caja de Solidaridad», una cuenta bancaria en la que los ciudadanos podían hacer aportaciones para sufragar fianzas de soberanistas procesados.
Llarena, juez instructor de la causa sobre el «procés», impuso a los 14 miembros del Govern destituido, incluido el expresident Carles Puigdemont, una fianza total de 2,1 millones de euros, cuando les procesó, en concepto de responsabilidad civil.
