El Instituto de Política Social (IPSE) ha cargado contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid tras el inicio de los trámites para crear un registro oficial de médicos objetores al aborto, una medida que la administración regional liderada presenta como un procedimiento administrativo pero que la organización califica de «persecución ideológica«.
En un comunicado difundido este martes, el IPSE sostiene que el objetivo real del registro no es organizativo, sino identificar y señalar a los profesionales sanitarios que se niegan a participar en abortos. A su juicio, se trata de una herramienta de control que vulnera derechos fundamentales y marca un precedente «inquietante» en el ámbito institucional.
La entidad advierte de que este tipo de listados supone un «retroceso democrático» al implicar la clasificación de ciudadanos según sus convicciones morales. En este sentido, remite al artículo 16 de la Constitución Española, que establece que nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
El presidente del Instituto de Política Social, Pablo Hertfelder García-Conde, responsabiliza directamente a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de impulsar una medida que, según afirma, contradice su discurso político. «Es una ignominia que clama al cielo. Isabel Díaz Ayuso está permitiendo que se ponga una diana en el pecho de nuestros médicos. Crear un registro de objetores es, de facto, crear una lista negra«, ha señalado.
Hertfelder ha ido más allá y ha trazado un paralelismo histórico para advertir sobre las implicaciones de la medida. «Es el método que utilizaba el nacionalsocialismo en los años 30 para marcar a quienes no eran afines al sistema. Identificar al que piensa distinto es el preámbulo de su expulsión de la vida pública», ha afirmado.
El líder del IPSE sostiene que la medida abre la puerta a futuras iniciativas similares en otros ámbitos. «Hoy el Estado actúa contra los médicos que defienden la vida. Mañana podría extenderse a otros colectivos. Estamos ante una deriva peligrosa en la que se señala a quien no comparte determinadas posiciones ideológicas«, añade.
Desde el IPSE consideran que el registro puede tener consecuencias directas sobre la carrera profesional de los sanitarios, al introducir un elemento de presión que afecte a traslados, promociones o condiciones laborales.
Ante esta situación, la organización ha anunciado una serie de exigencias, entre ellas la eliminación de cualquier base de datos que identifique a los profesionales por su objeción de conciencia y la garantía de protección jurídica para quienes se nieguen a participar en abortos.
Asimismo, el Instituto ha instado a los colegios profesionales a no colaborar con la elaboración del registro, al considerar que su finalidad es «estigmatizar» a los médicos objetores.
El conflicto sitúa en el centro del debate político el equilibrio entre la organización del sistema sanitario y el respeto a la libertad de conciencia, en un contexto en el que la regulación del aborto sigue generando tensión entre distintos actores institucionales y sociales.
