La juez Carmen Lamela ha dejado en libertad con medidas cautelares -prohibición de salir de España y comparecencias quincenales- al exdirector de los Mossos Pere Soler -exjefe de Josep Lluis Trapero-, después de que el fiscal pidiera para él 100.000 euros de fianza aludiendo a los «nuevos fugados».
Según han informado fuentes jurídicas, el teniente fiscal Miguel Ángel Carballo ha pedido la imposición de una fianza para Pere Soler, al entender que existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva, dada la existencia de nuevos fugados, como la portavoz de la CUP Anna Gabriel, y la persistencia de su partido JxCat, de investir a un preso, en alusión al líder independentista Jordi Sánchez, y a un huido, Carles Puigdemont, como presidente de facto.
Así se busca perpetuar el «procés», mientras otros buscan espacios políticos libres en el exilio, ha añadido el fiscal, según las fuentes.
Pese a estos argumentos, la magistrada de la Audiencia Nacional ha optado por dejarle en libertad con medidas cautelares, tal y como ya hizo hace unas semanas con Trapero, tras tomar declaración como investigado a Soler durante dos horas y cuarto en el marco de la causa en la que investiga por sedición la actuación de los Mossos el 1-O.
El fiscal también ha esgrimido también que Soler era un mando de los Mossos y responsable político, que era pública su inclinación al referéndum y así se lo comunicó a Trapero, incitándole tácitamente al menos a no impedirlo, han indicado las fuentes.
Recuerda además que el Tribunal Constitucional le requirió expresamente para impedir el referéndum a raíz de la suspensión del decreto por el que el Parlament aprobó la consulta, y en lugar de ello «hizo más bien lo contrario», tal y como ya señaló la Fiscalía en el informe en el que pidió ampliar la investigación por la inactividad de los Mossos a Soler y Puig.
Puig, también en libertad
Lamela ha rechazado también imponer una fianza de 100.000 euros al exsecretario de Interior César Puig -segundo del exconsejero Joaquim Forn-.
La Fiscalía había pedido dejar en libertad bajo fianza a Puig al entender que existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva ante la existencia de nuevos fugados, como la portavoz de la CUP, Anna Gabriel, y la iniciativa de investir como presidente de la Generalitat a un preso, en alusión a Jordi Sànchez, y a un huido, Carles Puigdemont, buscando así perpetuar el «procés».
Pese a estos argumentos, la juez -que investiga a los dos por la inacción de los Mossos el 1-O- les ha impuesto como medidas cautelares la prohibición de salir de España y comparecencias quincenales, en sintonía con la que ya tenía Trapero, para quien la Fiscalía pidió el pasado 14 de febrero una fianza de 50.000 euros, que también rechazó Lamela.
Órdenes de los jefes políticos
El fiscal cree que la inacción de los Mossos «siguió la pauta anunciada previa y públicamente por los responsables políticos Joaquim Forn, Pere Soler Campins, director de los Mossos, y en la medida correspondiente César Puig», contando con el apoyo de Trapero.
«No consta que ninguno de ellos llevase a cabo actuación alguna para evitar el referéndum, sino más bien al contrario», asegura Carballo en su escrito de 30 folios en el que apunta a la inexistencia de «un verdadero dispositivo orientado a impedir la celebración del referéndum».
Sostiene que hubo «una actuación policial coordinada y sujeta a previas instrucciones de los Jefes de Mossos d’ Esquadra y por ende de los responsables de la Consejería de Interior de la Generalitat, en última instancia responsable de la convocatoria del referéndum ilegal, como el Director de los Mossos y el Secretario de Interior».
Siendo de «especial relevancia el papel desempeñado por los Mossos d’Esquadra», ya que «su capacidad investigadora e ‘intimidatoria’ al servicio de la organización y de los fines independentistas era, y fue, imprescindible para proteger las acciones dirigidas a la celebración del referéndum».
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