El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha reunido este martes en Nueva York con el canciller de la tiranía de Venezuela, Carlos Faría.
El encuentro, el primero entre ambos ya que Faría fue nombrado el pasado mes de mayo, ha sido «productivo». Los dos ministros han tenido ocasión de repasar las relaciones bilaterales entre España y Venezuela, «con especial hincapié en temas energéticos».
Faría también ha confirmado el encuentro en su Twitter y ha indicado que ha trasladado a Albares «la voluntad de Nicolás Maduro de mantener relaciones cordiales» con España «sobre la base del respeto a la autodeterminación de los pueblos».
Albares ha venido manteniendo contactos con el régimen y apoya el «diálogo» con parte de la oposición con vistas, señala, a «una solución política».
La ONU denuncia crímenes de lesa humanidad
La reunión ha coincidido con la publicación del informe de la ONU en el que alerta de que el Estado venezolano utiliza sus servicios de Inteligencia para reprimir a la disidencia en el país.
«Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los Derechos Humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual. Estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley», ha declarado Marta Valiñas, presidenta de la misión de investigación de la ONU para Venezuela.
Así, ha documentado 122 casos de víctimas que fueron sometidas a tortura, violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en una de sus sedes en Caracas, así como en centros de detención encubiertos por todo el país.
Por su parte, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) cometió torturas o malos tratos contra detenidos -manifestantes, periodistas o políticos-, habiendo sido investigados por parte de la ONU al menos 51 casos desde 2014.
«Los crímenes de lesa humanidad, cometidos a través de los organismos de inteligencia del Estado, orquestadas por personas en los niveles más altos de autoridad, han tenido lugar en un clima de casi total impunidad», ha señalado Francisco Cox, uno de los miembros de la misión.
