Estos son mis principios, si no les gustan tengo otros. Con esa famosa frase de Groucho Marx se podría resumir la negociación que está llevando a cabo el PSOE con los diferentes grupos separatistas que tienen representación en el Congreso de los Diputados de cara a la investidura del hoy presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.
Para el candidato a la investidura, la amnistía era una línea roja infranqueable y se opuso a ella en público, al igual que hicieron destacados ministros de su Gobierno. Ahora las cosas han cambiado y defiende la amnistía como una cuestión de interés nacional, ocultando que es una de las principales exigencias para el apoyo de ERC —ya sellado por el golpista Oriol Junqueras y por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños— y Junts a su investidura. Esta norma, según la asociación mayoritaria de jueces, supondría «el principio del fin de la democracia» y volar el Estado de Derecho en España.
Otra de las cuestiones que Pedro Sánchez había dicho que jamás iba a hacer —hasta en cinco ocasiones lo repitió— era gobernar con Bildu, algo que lleva haciendo de facto desde hace cuatro años. Ahora el voto del brazo político de ETA es imprescindible para seguir en La Moncloa. Para ello les normalizó —y les blanqueó— reuniéndose por primera vez con ellos hace tres semanas. Además, el PSOE está allanando el camino para poner en marcha una de las reivindicaciones históricas de la izquierda batasuna: un referéndum para que Navarra sea anexionada por el País Vasco.
Los separatistas vascos del PNV son otro socio indispensable para que PSOE y Sumar puedan reeditar la coalición y ya han puesto alto precio a sus cinco diputados en Madrid. Una de sus principales exigencia es el reconocimiento del País Vasco como nación, algo que quebraría actual modelo territorial.
El encaje que están estudiando desde La Moncloa a esta exigencia es el mismo que se sopesa para satisfacer las demandas del prófugo Carles Puigdemont, que quiere el reconocimiento de Cataluña como «minoría nacional». Asimismo, Sánchez está dispuesto también a acceder a las exigencias clásicas de todos los grupos separatistas: más competencias —como la de Rodalies a Cataluña, ya firmada con ERC— y la condonación de deudas regionales para sacar adelante su investidura.
