La caza genera anualmente en España un total de 10.190 millones de euros de Producto Interior Bruto (PIB) y 45.642 empleos directos, el 80% de ellos en el mundo rural, generados por titulares de cotos y organizadores de cacerías, según se desprende del ‘Estudio del impacto económico, social y ambiental de la actividad cinegética de España’ realizado por encargo de la Fundación Artemisan y en colaboración con el Ministerio de Agricultura.
Así, señala que la actividad cinegética en España ha contribuido a mantener el equivalente a 199.000 empleos, tanto directos como indirectos, tal y como se desprende de este segundo estudio que recoge datos de 2023 (el primero fue en 2016).
El estudio —con una muestra de más de 6.500 entrevistas a cazadores, rehaleros, titulares de cotos, organizadores de cacerías, administraciones públicas, federaciones de cazas, asociaciones cinegéticas y empresas cárnicas— determina que el 32,6% de los cazadores vive en municipios de menos de 5.000 habitantes y «para la mayoría de ellos», la caza es un favor clave para residir en dichas poblaciones, la mismo nivel de los motivos familiares.
En cuanto a la contribución medioambiental de la caza, el estudio concluye que en España hay 43 millones de hectáreas declaradas como coto de caza y los cazadores invierten anualmente 320 millones de euros en la conservación. De ellos, 289 millones de euros se destinan a medidas de gestión como el aporte de agua y alimento, siembras y desbroces; y 31 millones a programas de conservación de especies por parte de federaciones y asociaciones de caza.
«150.000 cazadores viven en municipios de población inferior a 5.000 habitantes y su motivación principal para vivir ahí es la caza. Es decir, no solamente decimos que vivan ahí, sino que su actor principal para haber elegido vivir ahí es su adicción a la caza. El estudio pone en valor esa labor de la caza, la contribución al medioambiente», ha detallado la directora de Deloitte, empresa que ha realizado el estudio, Amaia Quintana.
Los cazadores juegan «un papel esencial», tal y como indica el estudio, en la protección y recuperación de especies amenazadas, porque el 58% de los titulares de coto y el 67% de organizadores de cacerías indican contar con especies protegidas emblemáticas de sus acotados. El 19% de los titulares y el 36% de los organizadores participan en programas para la conservación de especies.
«Hemos intentado perseguir los delitos de odio, especialmente contra las más jóvenes en redes sociales, ya que son más vulnerables y hemos visto muchísimos casos de ataques contra jóvenes que publican sus datos, sus fotografías o reconocen ser cazadores. Debemos facilitar todos los temas de permisos de armas, simplificando la concesión», ha asegurado el presidente de Fundación Artemisan, José Luis López-Schümmer.
