El Tribunal Supremo ya tiene en su poder la información del teléfono del fiscal general del Estado que había sido eliminada y ha decidido abrir una pieza separada, que permanecerá bajo secreto de sumario durante al menos un mes. Esta decisión adelantada por Vozpópuli se produce tras recibir documentación procedente de dos de las principales compañías tecnológicas vinculadas al caso: WhatsApp y Google.
La documentación, enviada como respuesta a una solicitud de cooperación internacional, fue remitida por las autoridades judiciales de Irlanda, país donde ambas plataformas tienen su sede europea. El magistrado instructor, Ángel Hurtado, había emitido las correspondientes comisiones rogatorias el pasado 20 de enero, con el objetivo de obtener los datos disponibles sobre el usuario identificado como Álvaro García Ortiz.
Según consta en el auto judicial, los informes enviados este martes ya han sido formalmente incorporados a la causa, aunque su contenido aún debe ser examinado con detalle. El juez ha ordenado la elaboración de un análisis técnico especializado que permita interpretar la información y verificar su relevancia en el procedimiento.
La apertura de esta pieza separada responde a la necesidad de tratar por vías independientes la información obtenida de los servidores de Google y WhatsApp, cuya relevancia podría afectar a otras líneas de investigación. Se desconoce, por el momento, el volumen exacto de datos recuperados ni si estos incluyen conversaciones, metadatos o registros de actividad del dispositivo.
El carácter reservado de esta nueva parte del proceso implica que no se conocerán detalles adicionales hasta que el juez levante el secreto, previsiblemente dentro de cuatro semanas. Sólo entonces se sabrá si el contenido analizado tiene implicaciones relevantes para la actuación del fiscal general o si, por el contrario, queda descartado como prueba de interés.
