Desde septiembre, en Madrid, un equipo de entre tres y cinco técnicos del Tribunal de Cuentas mantiene una intensa revisión de decenas de contratos de personal, compras y servicios adjudicados por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Según confirman fuentes del propio organismo a Abc, los auditores llegaron antes del verano y pusieron en marcha el análisis documental a partir del mes de septiembre.
Estas mismas fuentes explican que los responsables del Tribunal se reúnen de forma periódica con el actual gerente, José Manuel Sánchez Bernabé, sin compartir prácticamente ninguna información con el resto del personal. Sólo en casos puntuales se dirigen a responsables de personal o de compras, y siempre con el gerente presente.
El proceso continúa sin un primer informe oficial. En el CNIO calculan que los auditores tardarán entre cuatro y seis meses en cerrar sus conclusiones.
La documentación recopilada se centra en el ejercicio 2025, especialmente en el periodo iniciado en enero, coincidiendo con el cese de María Blasco como directora y de Juan Arroyo como gerente. Los técnicos revisan contratos recientes, con especial atención a los de bienes y servicios, debido a que la denuncia trasladada a la Fiscalía Anticorrupción señala posibles anomalías en la contratación de proveedores.
Anticorrupción ha estudiado el material enviado por los trabajadores y considera que los hechos poseen «especial trascendencia», lo que la lleva a abrir diligencias de investigación ante la posible existencia de delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación. La Fiscalía General y la Fiscalía de Madrid remitieron documentación coincidente, y Anticorrupción puede asumir la investigación porque el Juzgado 13 de Madrid inadmitió una querella previa sobre el mismo asunto. Con ello, la Fiscalía decidirá más adelante si eleva el caso a un juzgado o lo archiva.
Mientras tanto, crece el foco sobre la reacción —o ausencia de ella— desde el Gobierno. ABC recordaba hace unos días que la ministra de Ciencia, Diana Morant, evitó informar de las irregularidades internas que se producían en la fundación, pese a que podrían implicar una batería considerable de delitos. Dos comunicaciones internas de los trabajadores, fechadas el 18 y el 26 de agosto y enviadas a la secretaria general Eva Ortega, insistían en alertar sobre las presuntas irregularidades en la contratación.
