La presidenta del grupo parlamentario de VOX en el Parlamento de Canarias, Paula Jover, se reunió el pasado mes de mayo con la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) para conocer la situación profesional de estos colectivos ante el hacinamiento en la cárceles del archipiélago y el aumento de la criminalidad.
«Estamos sumamente preocupados por el aumento de la criminalidad en Canarias, un 6% en 2023, y esto nos ha llevado a reunirnos con las fuerzas y cuerpos de seguridad y ahora con los funcionarios de prisiones», declaró Jover.
Los representantes de los trabajadores llevan tiempo trasladando la necesidad de ser reconocidos como profesión de riesgo y como agentes de la autoridad, y recordando las más de 500 agresiones en 2023. Estas cifras son las referidas a agresiones físicas. «Deben hacerse una idea del resto», dijo el portavoz de la APFP, Ignacio Fernández, antes de incidir en que el protocolo no recoge amenazas ni insultos, «que son una dinámica habitual» en su día a día.
Por seguridad y ante las masificaciones de las prisiones canarias, ambas organizaciones han pedido en los últimos meses aumentar la plantilla. Actualmente, la configuración es de unos 200 internos para tres funcionarios en el área de vigilancia y un especialista (psicólogo, trabajador social o educador). «Con las tasas de agresiones que tenemos hoy día, lo raro es que un compañero no haya recibido amenazas, insultos y agresiones leves o graves», señala Roberto, funcionario de prisiones, a LA GACETA.
Cuenta el ataque de ira de un presidiario que golpeó a un funcionario: «Tuvimos que reducirle entre varios, me mordió el brazo. Lo lamentable fue verme sólo en los juicios. Pensaba que formaba parte del Ministerio del Interior, pero parece que no nos ven como sus trabajadores, sino como quienes estropean sus estadísticas», manifiesta.
En este sentido, insiste en que pese a su esfuerzo por la reinserción de los presos, «lo que la estadística no cuenta es que de los que salen más del 90% reincide».
Además, como las cárceles están masificadas «se integra a presos que son peligrosos» en áreas «neutras» donde no deberían estar. «¿Y con qué nos podemos defender? Gomas, esposas y nuestra fuerza. Las probabilidades de que un día cuelen un arma blanca o fabriquen algo y pongan en peligro nuestra vida es más que real», agrega. «Hemos pedido las taser, pero al hacerlo nos ven como ‘maltratadores’. Nadie discute que las policías autonómicas puedan llevarlas, pero nosotros, que acogemos a toda la criminalidad que se sanciona en las calles, estamos indefensos«.
