La división interna, la imputación de Mayer y Mato por malversación y prevaricación, y la denuncia de Podemos a siete ediles certifican que 2017 no es el año de Ahora Madrid.
El abandono de edil Guillermo Zapata de Podemos tras ser denunciado por no donar parte de su salario a la formación es el último problema que le ha surgido a Ahora Madrid en este 2017 negro para sus intereses.
Podemos en la ciudad de Madrid ha llevado ante la Comisión de Garantías del partido en la región el incumplimiento del código ético de 7 concejales de Ahora Madrid, inscritos en la formación. Además del mencionado Zapata, ha instado a la Comisión de Garantías a que abra expediente a Pablo Soto, el único de la lista que se ha presentado por Podemos, y a Javier Barbero, Celia Mayer, Pablo Carmona, Monsterrat Galcerán y Rommy Arce.
Zapata, conocido por burlarse de las víctimas del terrorismo, Marta del Castillo o del Holocausto judío en varios mensajes publicados en su red social en 2011, se ha dado de baja como inscrito en Podemos, donde su vinculación orgánica hasta la fecha se ha limitado, según ha declarado en un post en Facebook, a la participación en consultas. «Me presenté a las elecciones por Ahora Madrid en una lista que, entre otras cosas, defendía ser confluencia entre distintos espacios y organizaciones», ha dicho.
Al adiós de Zapata hay que sumar la imputación del delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, y la de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, que tendrán que declarar el próximo 18 de septiembre en sede judicial por supuestos delitos de malversación, prevaricación y societario por encargar dos informes a dedo por valor de 50.000 euros para llevar a la Fiscalía Anticorrupción los contratos con el Open de Tenis suscritos por el exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón.
El pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó posteriormente la reprobación y la petición de cese de los ediles, aunque la regidora rechazó que tuvieran que dimitir.
Cabe señalar que Carmena aseguró que «un político imputado debería dimitir». «Debe decir la verdad a los ciudadanos y como en un tribunal no tiene la obligación de hacerlo, debe dejar sus cargos públicos», dijo. La misma línea siguió el propio Sánchez Mato, que señaló que «ninguna persona investigada por delitos de malversación de caudales públicos o delitos societarios que han causado daño al común debe seguir realizando funciones públicas».
Separatistas, sí; Miguel Ángel Blanco, no
El Ayuntamiento dio espacio para una conferencia separatista el pasado 22 de mayo. Este jueves se ha sabido que el acto costó a la Generalitat 11.458,52 euros en total. Puigdemont, junto a su vicepresidente Oriol Junqueras y el conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, explicó en el Auditorio CentroCentro, en el Palacio de Cibeles de Madrid, su proyecto de referéndum ilegal para otoño e hizo un llamamiento al Estado para pactarlo.
La última polémica ha surgido con el aniversario del secuestro y posterior asesinato del edil en Ermua (Vizcaya) del PP Miguel Ángel Blanco. Carmena se ha negado a colgar en su memoria una pancarta en el palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de la capital para «no destacar a una víctima sobre las demás». Cabe recordar que hace meses cuelga uno con la leyenda ‘Welcome refugees’ -Bienvenidos refugiados-.
Una división constante
La división interna han sido constante desde la llegada de la marca blanca de Podemos al Gobierno del Ayuntamiento de Madrid. La tensión se agravó con el relevo forzoso de Celia Mayer, forzada a dejar el Área de Cultura y relegada a un segundo plano en un área de nueva creación llamado Políticas de Género y Diversidad.
Además, Carmena tuvo que llamar al orden a varios concejales tras votar el pasado mes de marzo en contra de la petición de libertad del opositor venezolano Leopoldo López, ahora bajo arresto domiciliario o ausentarse del pleno para no condenar el asalto de la sede del PP en Barcelona por parte de las juventudes de la CUP.
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