El Gobierno de Pedro Sánchez ha elegido como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional a Juan Carlos Campo, el ministro de Justicia que aprobó los indultos a los golpistas separatistas y que posteriormente regresó a la Audiencia Nacional para integrarse en la Sala de lo Penal.
Campos, nacido Osuna (Sevilla) en 1961, permaneció en el Ministerio tan sólo un año y medio, un tiempo suficiente para conceder la medida de gracia a los líderes del proceso secesionista y para ver cómo se materializaba su salida de prisión. Elegido por el Gobierno para el TC -junto a Laura Díez-, dijo que tramitar las peticiones de indultos «era una cuestión obligada». A su salida del Ministerio, dejó pendiente la derogación del delito de sedición, que el Ejecutivo ha avanzado y entrará en vigor en las próximas semanas.
Como ministro llegó a responder ante una pregunta de ERC en el Congreso que España se encontraba en medio de una «crisis constituyente», admitiendo así un debate sobre la vigencia de la Constitución, aunque después lo negó.
Antes de llegar al Ministerio y de regresar a la Audiencia Nacional, Campo fue portavoz de Justicia del grupo parlamentario socialista en el Congreso durante tres legislaturas y además, aterrizó en Justicia conociendo la casa, ya que fue secretario de Estado de Justicia entre 2009 y 2011 durante el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Además, desde el año 2001 hasta el 2008 fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Tras su salida del departamento de Justicia, Campo regresó a la Audiencia Nacional, en concreto a la Sala de lo Penal. Debido a su pasado en política, el magistrado ha tenido que apartarse de causas o piezas con un trasfondo político. La ley del Poder Judicial establece que los jueces que retomen sus funciones tras haber sido nombrados para «cargo político o de confianza» o elegidos para cargos públicos «deberán abstenerse (…) de intervenir en cualesquiera asuntos en los que sean parte partidos o agrupaciones políticas, o aquellos de sus integrantes que ostenten o hayan ostentado cargo público».
