Un total de 23.537 inmigrantes ilegales alcanzaron las islas Canarias hasta el 15 de octubre, según el Ministerio del Interior, una cifra a la que hay que sumar las llegadas de los últimos cuatro días. Así, se ha superado ya las 24.000, casi un 80% más que en el mismo periodo del año pasado.
La llegada de pateras se ha disparado y las islas se han convertido en una de las grandes puertas de entrada de la inmigración ilegal en Europa ante la desidia del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, que alienta el efecto llamada a través de las políticas de fronteras abiertas, y el silencio de los medios de comunicación. La situación es «caótica» y amenaza con paralizar los servicios públicos, según las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El hartazgo de la sociedad canaria es tal que ya hasta el presidente Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, partido nacionalista que llamó «racistas» a los diputados de VOX, partido que lleva años denunciando la «insostenible» presión migratoria, ya ha pedido que se reformen las políticas migratorias, de las que se aprovechan las mafias del tráfico de personas y las ONG que trabajan en connivencia con ellas.
Mientras, Europa está sufriendo una ofensiva islamista, cuyo último capítulo se sufrió esta semana en Bruselas (Bélgica) con el asesinato de dos suecos a manos de Abdesalem Lassoued, un tunecino con orden de expulsión y vigilado por los servicios de inteligencia que entró en Europa en el año 2011 por la isla de Lampedusa (Italia).
Es preciso señalar que los servicios de inteligencia de las distintas naciones europeas son incapaces hoy de controlar la situación por falta de medios. Esa escasez de recursos provoca que en España la Guardia Civil, la Policía, y las policías autonómicas y locales no puedan garantizar la seguridad en las calles.
La denuncia de VOX y de las asociaciones policiales
VOX, cuyo presidente, Santiago Abascal, se encuentra este jueves en El Hierro para analizar la llegada masiva de inmigrantes a la isla —más de 3.000 en las dos primeras semanas de octubre—, llama a no normalizar los atentados y los asesinatos islamistas, a reforzar los controles migratorios de todas las fronteras y a bloquear las rutas de tránsito.
La formación reclama además que se castigue y se persiga a las mafias, se retire las ayudas públicas a las ONG que alientan el «efecto llamada» y se deporte a los inmigrantes que entran de forma ilegal en España.
La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) mostró esta semana su preocupación por la «pasividad» del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la avalancha de ilegales en Canarias y aseveró que El Hierro, por ejemplo, solamente cuenta con un máximo de cuatro agentes por turno en Seguridad Ciudadana para la vigilancia de los miles de inmigrantes que llegan cada día a sus costas. «Es una situación alarmante para la seguridad de los isleños y de todos los españoles en plena alerta antiterrorista», sostiene la entidad.
