El abortorio Dator, el primero de España, ha cambiado de manos. A otras igual de manchadas de sangre, pero menos endeudas. La empresa dueña del proveedor de abortos, Partner Line S.A; se encontraba en concurso de acreedores desde el 14 de abril de 2015. Ese año tuvo unas pérdidas de 990.853,30 euros. En 2016, último ejercicio en el que presentó cuentas, la situación —económica— mejoraba: obtenía unas ganancias de 244.326,82 euros. La cifra de ‘ventas’, como llaman a los asesinatos de bebés, de la empresa decreció un 8,41 % entre 2015 y 2016 aunque su rentabilidad mejoraba.
Desde entonces es imposible saber cuánto ha ganado o perdido este centro abortista hasta la disolución de la sociedad que lo regentaba el 21 de septiembre de 2023. Sí conocemos que siguió recibiendo contratos públicos. Como informa Dator en su propia página web en el apartado «puedes abortar gratuitamente», «La Interrupción Voluntaria del Embarazo es una prestación incluida en la cartera de Servicios de la Sanidad Pública, por lo que no tiene que tener coste económico para ti».
Y efectivamente son las administraciones públicas los principales y casi únicos clientes de los abortorios a través de las derivaciones desde los distintos sistemas autonómicos de salud. En concreto, estando en concurso de acreedores, Dator recibió la adjudicación de un contrato negociado sin publicidad de la Sanidad de Castilla-La Mancha por valor de 87.680 euros fechado el 24 de febrero de 2023 y con una duración de 48 meses, por lo que sigue vigente. También el 2 de febrero de 2023 suscribía un convenio con el Servicio Madrileño de Salud publicado en el BOCM «para el suministro de componentes sanguíneos». En este caso sería la Comunidad de Madrid quien cobraría por vender sangre al centro. Se especificaba una duración de cuatro años del contrato, por lo que aparentemente también sigue en vigor.
Todas estas obligaciones las heredará ahora Solmedin, Soluciones Medicas Innovadoras SL. Se trata de una sociedad constituida hace un mes —el pasado 8 de febrero—. Solmedin tiene su domicilio en la calle Poeta Joan Maragall número 22 de Madrid. Declara que su objeto social es «la mediación para la prestación de todo tipo de servicios médicos por cuenta propia o ajena, abarcando cualquier especialidad médica; así como la intermediación en la prestación de tales servicios médico sanitarios mediante titulados generales o especialistas, en régimen privado o concesión».
En el organigrama aparece como presidente, consejero y consejero delegado Dámaso Pérez Hernández. Como secretario José Manuel Muñoz de la Rosa. Además hay otros dos consejeros: Octavio Laguna Benayas y Enrique Alonso Rodríguez. Se da la casualidad de Dámaso Pérez es también presidente y consejero de Daocen Medica SL —sociedad constituida el 14 de agosto del año pasado—, administrador solidario de Ginemedica SL y administrador único de Ginestar Servicios Medicos SL. Octavio Laguna es también consejero Daocen Medica SL y administrador solidario de Ginemedica SL.
En concreto Ginemedica se ha convertido en los últimos diez años en uno de los principales proveedores de abortos a las administraciones públicas de Castilla y León. En febrero de 2018 la Gerencia de Salud de Área de Burgos le adjudicaba un contrato por valor de 308.759,40 euros para «interrupción voluntaria del embarazo». En él, además, aparecían desglosados los costes por aborto dependiendo del tiempo del bebé. Los precios iban desde los 206 euros por matar a un bebé de menos de doce semanas de gestación hasta los 990 para los de 20 a 22 semanas.
El 24 de enero de 2019, el Gerente de Asistencia Sanitaria de Segovia firmaba un acuerdo con Dámaso Pérez para la concesión de 67.419,12 euros para «la interrupción voluntaria del embarazo en el ámbito de gestión de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia». Otros contratos adjudicados a Ginemedica provienen del área de salud de Valladolid —789.874,96 euros otorgados el 9 de junio de 2017—, o de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia —62.568,24 euros el 8 de febrero de 2021—. La empresa también ha formado parte de adjudicaciones repartidas entre varios abortorios en Cantabria.
A partir de ahora, puesto que la nueva sociedad tendrá que volver a presentar cuentas anuales, será posible conocer de nuevo el número de abortos que realiza el centro Dator y si sus nuevos responsables consiguen rentabilizar tan eficientemente el asesinato de bebés no nacidos en la Comunidad de Madrid como en otras regiones españolas.
