La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha acordado enviar a un juzgado madrileño las pesquisas realizadas en relación a los hechos denunciados por el PSOE y que ocurrieron en la pasada Nochevieja junto a la sede nacional del partido de la calle Ferraz, cuando se colgó una piñata que supuestamente representaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Indica que finaliza así sus diligencias preprocesales dado que el asunto ya está judicializado.
Así consta en un decreto de la teniente fiscal de la AN, Marta Durántez, en el que se indica que las diligencias se incoaron el pasado 12 de enero tras recibir traslado de la Fiscalía General del Estado de la denuncia del partido político, y que en la mañana del 22 de enero, diez días después, tuvieron noticia «de la presentación ante los juzgados de instrucción de Madrid de un atestado policial por los mismos hechos».
Durántez explica en su decreto que ese atestado policial recayó finalmente por reparto en un juzgado de instrucción, fuentes jurídicas consultadas indican que es el número 26, y que el mismo acordó incoar diligencias previas.
Tras recordar que el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) establece que «el fiscal cesará en sus diligencias tan pronto como tenga noticia de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos», acuerda la remisión de lo investigado al juzgado que se ha hecho con el asunto, dirigido por la jueza Concepción Jerez.
En este sentido, la teniente fiscal no solo acuerda remitir sus pesquisas a ese juzgado «para su unión a las diligencias previas» sino que acuerda informar al PSOE de este paso para que pueda ejercitar «lo que a su derecho convenga ante dicho órgano judicial».
En su denuncia, de casi 60 páginas, los socialistas apuntaron a un posible delito de incitación al odio por ideología política. Como este tipo penal solo puede aplicarse si se ejerce contra colectivos vulnerables, argumentaron que el PSOE fue perseguido durante el franquismo y durante la Guerra Civil.
Además, incluyeron otros posibles delitos, como incitación a la violencia y al magnicidio; injurias contra la autoridad en ejercicio de su cargo; injurias y amenazas graves al Gobierno de la nación; amenazas al presidente del Gobierno y al PSOE y sus militantes como colectivo social —con agravante de discriminación ideológica—; delito de reunión o manifestación ilícita; o desórdenes públicos, siendo este último el que puede acarrear la mayor pena: 5 años de prisión.
Además, el PSOE hizo hincapié en la vinculación de los impulsores del acto con el partido de Santiago Abascal, la organización juvenil Revuelta, basándose en informaciones periodísticas.
Por último, para subrayar la relación que a su juicio existe entre VOX y los hechos denunciados, el PSOE alegó que lo sucedido el 31 de diciembre fue «el colofón» del «hostigamiento» a las sedes socialistas en distintos puntos de España, recordando asimismo las declaraciones realizadas por Abascal el pasado 10 de diciembre a un medio de comunicación argentino. «Habrá un momento en que el pueblo querrá colgar de los pies a Pedro Sánchez», dijo.
Los socialistas también pusieron el foco en los presentadores del acto, destacando que en una entrevista que concedieron en los días previos se apreciaba «la actitud con la que se preparaba el evento, que manifiesta la premeditada intencionalidad de linchamiento y odio hacia el presidente, al Gobierno y al PSOE que presidía la convocatoria». La denuncia también resalta que durante la retransmisión «calentaban el ambiente».
