En unos días, Begoña Gómez deberá comparecer ante el juez Juan Carlos Peinado, pero esta citación probablemente no será la única a la que se enfrente la esposa del presidente del Gobierno. La evolución de la investigación llevada a cabo paralelamente por la Fiscalía Europea sobre los contratos que la esposa de Pedro Sánchez recomendó y que fueron financiados con fondos de la UE, parece seguir el mismo camino que el juez de Plaza Castilla. Este organismo de la UE tomará una decisión basada en los resultados de las medidas de investigación ya implementadas, como la incautación de documentos en la sede de Red.es.
No solo Begoña Gómez está en el punto de mira. Los fiscales europeos a cargo de esta parte de la investigación decidirán si deben interrogar al resto de implicados en la investigación. Entre estos se encuentra el empresario Juan Carlos Barrabés, quien actualmente está gravemente enfermo y hospitalizado.
La Fiscalía Europea solicitó hace dos semanas al juez Juan Carlos Peinado la parte principal del caso relacionado con Begoña Gómez. Tras confirmar el uso de fondos europeos en tres contratos públicos otorgados a Barrabés, luego de que la esposa del presidente los avalara con cartas de apoyo, el departamento consideró que tiene la competencia para investigar estas adjudicaciones, en lugar del titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil fue enviada a las oficinas de Red.es para requerir los expedientes y comunicaciones relacionadas con los contratos otorgados a Barrabés, que se enfocan en la capacitación en la economía digital para jóvenes y desempleados.
Cualquier asunto relacionado con la Fiscalía Europea está regulado por la ley que establece su funcionamiento. El artículo 27 describe el proceso de la primera comparecencia para la comunicación de cargos. La ley establece que esta citación se realiza «desde que surjan indicios que permitan atribuir la comisión del hecho punible a una persona determinada». Esta primera comparecencia tiene como objetivo informar a los investigados sobre sus derechos y sobre los hechos que se les atribuyen.
Luego, el fiscal europeo delegado preguntará al investigado si desea prestar declaración en ese momento. Si se decide adoptar alguna medida cautelar o el ingreso en prisión, el juez de garantías intervendrá. Las fuentes jurídicas consultadas indican que la decisión sobre la declaración deberá esperar hasta que finalice la fase de comprobación, que comenzó hace unas semanas y aún se espera que se prolongue. «Cada decisión debe estar muy bien fundamentada«, apuntan las fuentes, aclarando que la investigación europea no anula la española dirigida por el juez Peinado, incluso en lo que respecta a los contratos obtenidos por Barrabés, ya que varios de ellos no procedían de financiación europea.
El desarrollo natural de la investigación que lleva la Fiscalía Europea sigue un camino similar al del juez de Plaza Castilla. Este organismo tomará decisiones en función de los resultados de las medidas de investigación, incluyendo la incautación de documentación en la sede de Red.es. Según fuentes jurídicas, la decisión sobre las declaraciones no se tomará hasta que finalice la fase de comprobación, que aún podría extenderse.
