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argumenta que hay que aplicar la ley de asilo y no la de extranjería

La Fiscalía se opone al traslado a un CIE de los inmigrantes hacinados en Barajas

Vallado del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. Europa Press

La Fiscalía ha pedido anular la autorización del Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid que autorizó con fecha de 16 de enero trasladar al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche a medio centenar de inmigrantes procedentes de países africanos y que son solicitantes de asilo en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

La fiscal reconoce que el Juzgado acordó el traslado al CIE como «extensión de las salas de alojamiento de asilo del aeropuerto», pero no considera que esto sea válido para acordar un internamiento que, dice, «podríamos calificar como masivo al referirse a 50 personas, lo cual resulta incompatible a todas luces tanto con la jurisprudencia nacional como europea».

El Ministerio Público rechaza que se aplique en este caso la ley de extranjería, en lugar de la ley de asilo, añadiendo que tiene que ser la «autoridad administrativa» —y no un juez— quien adopte la decisión sobre las dependencias en las que tiene que llevarse a cabo la «recepción, acogimiento y protección de las personas solicitantes de asilo».

Policías denuncian que están hacinados

En el escrito con fecha de 18 de enero, la fiscal interesa la nulidad del auto al considerar que no es conforme a derecho trasladar a estos solicitantes de asilo que, según denuncian desde diciembre varios sindicatos de la Policía Nacional, están «hacinados» en dependencias del aeropuerto en condiciones de insalubridad.

La fiscal indica que los inmigrantes deben permanecer en estas salas de asilo del aeropuerto, unas dependencias que los sindicatos de Policía critican por la falta de higiene, señalando desde hace semanas la «inacción» de AENA y Cruz Roja.

El Ministerio del Interior, de hecho, informó de que había procedido a la limpieza de estas salas desde las que se han fugado, según los sindicatos, al menos 26 inmigrantes. Las organizaciones policiales calculan que en Barajas hay unas 350 personas, entre ellas mujeres y niños, muchos de ellos durmiendo en colchonetas sin ventilación y sin higiene.

Un juez autorizó que fueran trasladados a un CIE pero la fiscal no comparte el procedimiento. «No es posible, con carácter general, acordar el internamiento en el CIE de personas solicitantes de asilo, salvo casos extraordinarios de motivos de seguridad o salud pública», advierte.

El Ministerio Público entiende que estas personas derivadas a un CIE —donde pueden estar un máximo de 60 días antes de tramitar su expulsión— no cumplen el supuesto del artículo 62 de la Ley Orgánica de Extranjería, que regula el procedimiento para los extranjeros en situación irregular con resolución administrativa de expulsión.

«El caso que nos ocupa es el de personas solicitantes de protección internacional en tanto se tramita su expediente de asilo», sostiene la fiscal, que defiende que en este caso se tiene que regular por la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y de protección subsidiaria, concretamente mediante el artículo 22 para procedimientos urgentes en puesto fronterizo, como es el caso del aeropuerto de Barajas.

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