«Ser es defenderse», RAMIRO DE MAEZTU
La Gaceta de la Iberosfera
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Su uso ha disminuido desde el año 2015

La menor utilización de los CIE pone en riesgo la seguridad en España

Un grupo de inmigrantes ilegales de origen subsahariano, a las puertas del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla. Europa Press

La reciente detención en Baleares de un inmigrante ilegal de nacionalidad argelina por haber agredido sexualmente a una menor a los dos días de haber llegado en patera ha abierto un gran debate interno en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). El foco se ha puesto en el menor uso de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), que en estos momentos pone en riesgo la seguridad ciudadana en España.

La detención ha hecho saltar las alarmas de forma interna en las FCSE, ya que el sospechoso tenía múltiples antecedentes policiales y esta es la segunda entrada ilegal que ha llevado a cabo en un periodo de menos de un año. El detenido entró ilegalmente en Islas Baleares en enero de este año y durante los meses de estancia en España -antes de su vuelta a Argelia-, ya fue procesado por robo con violencia, okupación de viviendas y resistencia a la autoridad, entre otros delitos que constan en su expediente.

Según las fuentes policiales consultadas por La Gaceta de la Iberosfera, debió haber sido internado en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) dado su historial. En estos centros en estos momentos «solo entran los casos más sangrantes y los que tienen muy claro que van a terminar en expulsión. Este, señalan las mismas fuentes, era uno de esos casos, pero el argelino quedó en libertad.

Preguntados por el motivo por el cual pueden llegar a ocurrir este tipo de irregularidades, los agentes lo tienen claro: «El problema de los CIE es básicamente por falta de personal, el CIE supone un mantenimiento que cuesta mucho dinero y es más económico que se haga cargo la ONG», afirman, aunque estas entidades no están realmente capacitadas a nivel policial para la evaluación de perfiles que puedan llegar a poner en grave riesgo la seguridad y tampoco garantizan el proceso de expulsión en base a la legislación vigente, pues llegan incluso a paralizar dicho proceso de repatriación mediante las tramitaciones de solicitudes de asilo.

La reducción del uso de los CIE

En los CIE los inmigrantes ilegales pueden permanecer durante un periodo máximo de hasta 60 días mientras se lleva a cabo la resolución de sus expedientes de expulsión. Una medida cautelar que entre otras cosas nació con la intención de establecer una regulación solida en materia de extranjería, para poder disuadir a la inmigración ilegal.

Según estadísticas de la Fiscalía General del Estado (FGE), el uso de los CIE ha disminuido desde el año 2015 en más de un 80 por ciento. Así, se ha pasado de un total de 7.503 internamientos registrados en dicho año a los 1.204 que del año pasado.

Internamientos en CIE de 2015 a 2021 – Elaboración propia – Fuente: Fiscalía General del Estado

Entre los años 2019 y 2021, el uso de la medida cautelar de internamiento para la inmigración ilegal disminuyó en un 82,34 por ciento. Según diversas versiones oficiales, se debió a que no se podía garantizar la salud de los internos durante la crisis sanitaria. Sin embargo, la situación sanitaria no detuvo la entrada de inmigrantes ilegales en España, que registro un incremento superior al 30 por ciento entre ambos años, según las estadísticas de ACNUR.

A la vez que el uso decreciente de los CIE, se ha producido un aumento de las plazas de acogida en todas las ONG encargadas de la tutela de los inmigrantes ilegales que llegan a territorio nacional.

Plazas de acogida en CEAR 2015/2021 – Elaboración propia – Fuente: Comisión Española de Ayuda al Refugiado

Un caso práctico es la evolución de plazas de acogida que ha experimentado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Desde el año 2015, estas plazas de acogida han experimentado un aumento superior al 700 por ciento, pasando de las 484 habilitadas en el citado año a las más de 4.000 plazas con las que cuenta en estos momentos. Esta tendencia es común en todas aquellas organizaciones encargadas de la tutela de los inmigrantes ilegales que llegan a España.

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