El Gobierno aprobó este martes el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas sobre la llamada violencia vicaria, un término acuñado por la psicóloga argentina Sonia Vaccaro, muy cuestionado por especialistas en criminología y adoptado sin reparos por el Ministerio de Igualdad durante la etapa de Irene Montero. El texto busca modificar el Código Penal para castigar con penas de entre seis meses y tres años a los hombres que agredan a los hijos de la madre con la finalidad de causarle un daño a ella. No contempla, en cambio, la situación inversa.
En el borrador se define la violencia vicaria como «aquella que, con el objetivo de causar dolor o sufrimiento a las mujeres, puede ejercerse sobre: los hijos e hijas o descendientes, personas menores de edad sujetas a su tutela o guarda y custodia, los ascendientes o hermanos y hermanas de ésta, así como su pareja, aunque no exista convivencia». Para la ministra Ana Redondo se trata de «causar dolor o sufrimiento a la mujer a través de personas instrumentales o interpuestas».
La decisión del Ejecutivo de legislar en estos términos ha sido criticada por expertos, que advierten de que se trata de un concepto sesgado y carente de rigor científico. Denuncian que desplaza el foco de la verdadera víctima —el menor— para colocarlo en la mujer. La investigadora en violencia de género Elena del Pilar Ramallo propone a The Objective en su lugar hablar de «violencia por extensión«, ya que no siempre va en una única dirección. Según explica, la mayor parte de los casos afectan a la madre, pero no todos. Sus estudios sobre este asunto, que llegaron a estar nominados al Premio Princesa de Asturias, han sido ignorados por el Ministerio, que, en su opinión, antepone «la ideología a la seguridad de los niños».
Ramallo llegó a trasladar su propuesta legal a PSOE y PP para dotar de instrumentos eficaces y urgentes contra esta forma de violencia, pero asegura que no despertó interés. Ahora interpreta que el Gobierno de Redondo recupera el concepto para «tapar el tema de las pulseras«, en alusión a los fallos detectados en los dispositivos de control de maltratadores. También alerta del «sesgo de género» que impregna la iniciativa.
El Ejecutivo presume de estar ante una medida «pionera en Europa». Sin embargo, la comparación resulta cuestionable: en otros países las leyes se han centrado en combatir la alienación parental, fenómeno que afecta tanto a padres como a madres. En Dinamarca, por ejemplo, el Gobierno pactó con el resto de partidos del Folketing un acuerdo en favor del bienestar de los menores, incluyendo la prevención del acoso y la alienación parental.
Jesús Muñoz, portavoz de la Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica (Anavid), subraya que «la evidencia prueba que tanto madres como padres pueden ser alienadores; es una forma de abuso que no discrimina por sexo». Y va más allá: «Esta ley conlleva la aplicación del derecho penal de autor, no sólo por la discriminación contra el hombre, sino también por la desprotección absoluta de los niños, ya que, según este Ministerio de sectarias y feministas de pensamiento único, el único que puede ejercer violencia vicaria es el hombre heterosexual contra una mujer heterosexual a través de los hijos».
Las cifras de filicidios ilustran la gravedad de esta distorsión. En 2023, 35 menores fueron asesinados en el marco de la violencia doméstica, pero el Gobierno sólo reconoció nueve. Los otros 24 casos no se contabilizaron en las estadísticas de la Delegación contra la Violencia de Género, que únicamente los registra cuando el agresor es el padre. Este año, Anavid ha contabilizado 76 víctimas mortales de violencia doméstica, frente a las 31 que admite el Ejecutivo: 28 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y tres niños asesinados por sus padres.
Desde Anavid sostienen que la ley no tiene recorrido parlamentario y responde más bien a un intento desesperado del PSOE por reactivar el voto feminista en un momento judicial crítico para el Gobierno. «La imputación de las dos manos derechas del propio presidente, la imputación del hermano del presidente, la investigación a su mujer y la imputación al fiscal general del Estado es lo que ha llevado a Ana Redondo a sacarse de la manga este disparate jurídico propio de la Alemania nazi», sentencia Muñoz.
